BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, criticó hoy los efectos de la nueva ley contra la violencia de género, ya que tres de cuatro diligencias recibidas en los juzgados de violencia sobre la mujer proceden de otros órganos judiciales y ello amplía el recorrido judicial de los ciudadanos, con la "victimización adicional" que esta situación supone.
Durante la presentación de la memoria del Juzgado Decano de Barcelona de 2005, Sanahuja señaló que el número de diligencias por violencia registradas en los juzgados de instrucción se ha mantenido en 2005, pasando de 2.751 en 2004 a 2.735 el año pasado.
En este sentido, la decana explicó que tres de cada cuatro asuntos recibidos en los juzgados de violencia sobre la mujer proceden de otros órganos judiciales y ello supone, por ejemplo, que tanto víctimas como acusados deban acudir primero al juzgado de instrucción de guardia y, después, a los de violencia sobre la mujer, existiendo problemas de delimitación de competencias entre ellos.
Según Sanahuja, "el deambular de detenidos y víctimas desde los juzgados de instrucción a los de violencia, o viceversa, ha comportado problemas no despreciables, en parte por la falta de claridad de la ley y, en parte, porque el modelo de la ley plantea más dificultades que ventajas".
Por otra parte, la decana destacó que los juzgados de violencia sobre la mujer nacieron "con todo tipo de problemas", como la falta de experiencia de los funcionarios y de modelos en el sistema informático, problemas de horario en los juzgados de instrucción e inexistencia de abogados en un turno de oficio específico para poder asistir a los denunciados y poder organizar el trabajo, evitando largas horas de espera.
Además, según los datos facilitados por la decana, los juzgados de violencia sobre la mujer reciben a diario una media de ocho detenidos diarios --frente a los cinco del año pasado--, un número similar a la cifra de arrestados que pasan a disposición de los juzgados de instrucción en funciones de guardia.
DEFICIENCIAS EN EL TRATO A LAS VÍCTIMAS.
Por su parte, tras analizar la memoria del Juzgado Decano de Barcelona, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Cataluña denunció a través de un comunicado la existencia de deficiencias en el trato a las víctimas de violencia doméstica.
Según dicha entidad, las salas habilitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer para evitar que no exista contacto ni confrontación entre víctima y agresor "no se utilizan y es frecuente que ambos permanezcan durante horas en el mismo espacio físico, soportando momentos de gran tensión".
La asociación, además, asegura que tiene constancia de casos, tratados en concreto por el juzgado de refuerzo --que empezó a funcionar en noviembre de 2005--, en los que se ha denegado la orden de protección sin haber tomado declaración a la víctima para valorar la gravedad de la situación.
"Consideramos que es insuficiente tener en cuenta únicamente el contenido de la denuncia de los Mossos d'Esquadra, que depende tanto de la pericia en la redacción del agente como de la propia capacidad de expresión de la víctima en ese momento", señala el comunicado.
Además, según la asociación, la memoria "constata la elevada impunidad del maltrato psicológico y la escasa investigación que se produce respecto a la habitualidad del maltrato". Así, frente a 2.486 casos de violencia física --de los que sólo 18 se consideran maltratos habituales--, el documento no recoge ninguno de violencia psíquica.
La entidad señala también la importancia de "la formación y comprensión de los mecanismos del maltrato físico y psicológico por parte de los jueces que se encargan de estos casos". En cuanto a las dudas que pueden surgir sobre la veracidad de las declaraciones de las víctimas, la asociación recuerda que éstas suelen presentar "respuestas patológicas derivadas del maltrato psíquico habitual".
Por todo ello, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Cataluña considera que todavía no se progresa "de forma suficiente" para abordar la gravedad y reiteración de los maltratos y para enjuiciarlos.
La juez decana de Barcelona, por su parte, declinó hacer declaraciones sobre las cuestiones denunciadas por la asociación y apuntó que la Justicia dispone de toda una serie de mecanismos que permiten recurrir las decisiones judiciales si no se consideran adecuadas.
