MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) Miguel Angel Torres, que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, ha decidido levantar parcialmente el secreto de sumario del denominado caso 'Malaya', que, sumado a lo que liberó del secreto el mes pasado, hace que se llegue al 40 por ciento de las actuaciones. Por otro lado, hoy declararon ante el magistrado Francisco Urquía el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros cuatro ex ediles por irregularidades urbanísticas que no están incluidas en las investigaciones del caso Malaya.
Con la decisión de levantar el secreto de sumario de los tomos XVI al XXIV, ambos inclusive, con excepción de los folios 7.370 a 7.380 del tomo XXIII y 7.734 al 7.746 del tomo XXIV, ya se encuentra liberado el 40 por ciento de las actuaciones judiciales. Estas partes se refieren a líneas de investigación que ya están ultimadas.
En el resto continuará el secreto durante un mes para profundizar en los numerosos cohechos y malversaciones en los que estaría implicado el señor Roca -presunto cerebro de la trama- y destacados miembros de la corporación municipal y varios empresarios".
Asimismo, el instructor añade que esta decisión se argumenta en "la necesidad de continuar con la localización e intervención de nuevos elementos del inmenso patrimonio de Juan Antonio Roca" y en hacer "el análisis de la documentación intervenida y el examen y estudio de la documentación bancaria".
Por otro lado, hoy declaró el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella, Julián Muñoz, sobre tres diligencias judiciales distintas, que aludían a la concesión de licencias urbanísticas. Por las mismas causas acudieron ante el juzgado número 2 del municipio, a cargo del magistrado Francisco Urquía, los ex ediles Marisa Alcalá, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa, además de Rafael González, que se encuentra actualmente en prisión.
Según el abogado defensor de González, Garrosa y Alcalá, Ernesto Osuna, el magistrado se interesó por una licencia otorgada a la empresa Productos Lácteos Badajoz S.L. y por "otras dos promociones puntuales", señaló. En el caso de Productos Lácteos Badajoz, la corporación presidida por Julián Muñoz aprobó en el año 2000 el proyecto básico de la obra y el de ejecución, si bien este tenía como condicionante el pago de una tasa.
En 2004, la ex regidora Marisol Yagüe aprobó la licencia de ejecución de la obra, debido a que un informe del servicio municipal de la asesoría jurídica de Urbanismo acreditaba el pago de la citada tasa.
DIFERENTES PLANES
El letrado señaló, respecto a las diligencias de hoy, que dos de las licencias habían sido concedidas conforme el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 en lugar del texto vigente, de 1986, mientras que en una tercera "la Fiscalía sostiene que debía haberse aplicado el plan de 1968".
En este sentido, Osuna opinó que es "sorprendente" la postura de la Fiscalía, ya que "está claro que Marbella en 1968 no tiene nada que ver con la actualidad y que ese Plan está obsoleto".
El abogado informó de que incluso "existen sentencias respaldadas por Fiscalía que consideran que el Plan de 1968 nadie sabía que existía, ni era aplicado por nadie, ni los técnicos informaban de su existencia ni de la adecuación de licencias que se estaban solicitando al Plan".
Consideró por tanto que en este caso la Fiscalía "recurre al Plan del 68 porque aún no se había publicado el del 86". Osuna concretó que en dicha licencia, otorgada en 1998 por la corporación presidida por Jesús Gil y que permitió la edificación de una construcción de viviendas, se construyó sobre suelo urbanizable según el PGOU de 1998 si bien en el de 1968 era "terreno rústico".
