HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio de las VPO la calle Peral de Lepe (Huelva), que se derrumbaron en 1998 y para las que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó su ruina en diciembre de 2007, se reanuda hoy viernes con las declaraciones que estaban pendientes de realizarse para resolver el caso.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de los afectados, Joaquín Serra, indicó que será entonces cuando la jueza encargada del caso, en el Juzgado número 2 de Ayamonte, tome declaración a dos constructores, un técnico de la empresa de ingeniería Codexsa y un arquitecto "que defiende la situación de ruina de las VPO".
Estas declaraciones quedaron pendientes el pasado mes de febrero, cuando estaba previsto que se dictaran las conclusiones del caso. En esta primera parte del proceso prestaron declaración el jefe de obra de las VPO, el proveedor de los ladrillos de las viviendas, entre otros, quienes, según explicaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, aseguraron que "desconocen la causa del hundimiento de las viviendas".
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el derribo de estas propiedades, sobre lo que estas fuentes precisaron que la sentencia estima que se deben derribar estas propiedades como medida cautelar y existe un plazo para hacerlo de tres meses.
Los perjudicados solicitarán que las VPO sean finalmente derribadas --tal y como ahora apoya el TSJA-- y se vuelvan a construir correctamente, así como pedirán daños morales por lo sucedido "porque hay personas que llevan once años pagando hipotecas, con problemas de ansiedad desde entonces", a lo que añadieron que se trata de personas jóvenes, en su gran mayoría.
Este juicio por la vía civil debe establecer las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios, que solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados --administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras-- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó en diciembre de 2007 la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe (Huelva) que se derrumbaron en 1998, al determinar "prioritario" proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación.
