MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz aseguró hoy que las licencias de obras venían avaladas por la Gerencia de Urbanismo, precisando que, en ese momento, el responsable de la misma era Juan Antonio Roca, ahora en prisión como presunto cerebro de la trama de corrupción en el Consistorio, conocida como caso 'Malaya'. "La decisión de la comisión era en base a un listado o cuadernillo hecho por Urbanismo", apostilló.
Muñoz y otros siete ediles están acusados de otorgar licencia al proyecto básico y de obras a la empresa Moansa para construir seis chalés en Huerta Belón a sabiendas de que era sobre zona verde. Así, el fiscal pide para Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle y María Luisa Alcalá dos años de prisión y 10 de inhabilitación un delito continuado contra la ordenación del territorio, al participar en dos comisiones; mientras que para Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe solicita 18 meses de cárcel y ocho de inhabilitación.
Muñoz declaró hoy ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga que los ediles de la comisión "votábamos en función de lo que se decía en un cuadernillo", en el que se precisaba si la licencia era favorable o no, pero que no contenía informe alguno, sino un resumen del expediente. Así, insistió en que "el sentido del voto era siempre según los listados que subían de Urbanismo", donde, según reiteró, estaba Roca como gerente en ese momento.
Asimismo, negó que fuera el presidente de la primera comisión, de 20 de diciembre de 1996, en la que se aprobó la licencia para el proyecto básico. Además, reiteró en varias ocasiones que él era concejal de la zona de Nueva Andalucía, por lo que "iba poco" por el Ayuntamiento y no intervenía en el desarrollo de los expedientes, que "se tramitaban" en la oficina de Planeamiento; ni en el urbanismo, cuyo edil responsable "era" el entonces alcalde Jesús Gil.
Aunque negó saber si firmó un convenio en el caso concreto de Moansa, sí admitió que firmó entre 600 ó 700 y que iba cuando se lo decían "la oficina de Planeamiento o Gil" para rubricarlos "sin conocer su contenido". Respecto al planeamiento vigente, aseveró que "nadie nos dijo que existía un plan del 68", que, según apuntó, "lo conocí en esta Sala", en un juicio anterior; en este sentido, dijo que si dicho listado recogía que la licencia era favorable era porque entendían que había informes "a favor" de técnicos y juristas "de reconocido prestigio".
El resto de los acusados coincidió con el ex alcalde en afirmar que había "un cuadernillo" que "venía de Urbanismo", en el que se decía "el resultado" de lo que se debía aprobar y de lo que no. De hecho, Rafael González aseveró que las licencias "se cocían" en Planeamiento, mientras que en la comisión sólo "se daba cuenta" de ellas, sin llegar "nunca" a votarlas, porque, según dijeron, las competencias urbanísticas no estaban delegadas, aspecto que conocieron posteriormente.
A este respecto, el procesado Manuel Calle llegó a asegurar que "se utilizó a la comisión de gobierno como instrumento para aprobar las licencias porque darlas todas por decreto del alcalde iba a ser extraño y hubiera llamado la atención de todo el mundo". En este mismo sentido se expresó el imputado Pedro Román, quien expresó que con estas comisiones se trataba de "darle forma legal a un acto administrativo".
REUNIONES PREVIAS EN URBANISMO
Reiteraron que Jesús Gil era el responsable del urbanismo y en que "jamás" tuvieron contacto con este área. En este punto, Calle precisó que se celebraban "reuniones de trabajo", en las que participaban los técnicos, el alcalde entonces, Jesús Gil, "y algún otro funcionario cuyo nombre también ha salido hoy", en las que se trataba previamente sobre las licencias con los informes que había en los expedientes.
Todos insistieron en que nunca vieron dichos informes, aunque entienden que existían; ni saben el contenido de uno concreto hecho por el entonces asesor jurídico del Consistorio, José Luis Sierra, en el que se recomendaba la aplicación de la revisión del plan del 98, ya en marcha, para conceder las licencias. Sobre los planes, desconocían el del 68, creían que el del 86 era "ineficaz" y consideraban que el del 98 era el aplicable.
Así, Román aseguró que seguían "la referencia que nos daba el señor alcalde" y que "nadie" cuestionaba en aquellos momentos el plan vigente. Se defendió de la imputación que se le realiza, al precisar que para conceder la licencia de ejecución, en lo que él participó, "sólo" se debe tener en cuenta que se ajuste al proyecto básico, ya aprobado, al tiempo que señaló que en la comisión en la que fue presidente no se hizo referencia al planeamiento que se debía seguir.
Antes de las declaraciones de los procesados, las defensas presentaron tres cuestiones previas, que fueron pedir la expulsión de las acusaciones particulares y populares, que representan a IU, Los Verdes y la ejercida por Isabel García Marcos; la acumulación de causas, al señalar que son casos similares; y la prejudicialidad, por estar pendiente un recurso sobre la impugnación de la licencia. Estos planteamientos fueron rechazados por el juez.
