Junta andaluza achaca a "discrepancias técnicas importantes" el "desacuerdo" por la 'deuda histórica'

Actualizado: viernes, 19 septiembre 2008 15:34

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, achacó hoy a "discrepancias técnicas importantes y considerables" el hecho de que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado concluyera ayer sin acuerdo sobre la cuantificación para la liquidación de la 'deuda histórica'.

A preguntas de los periodistas tras firmar un convenio con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, Aguilera subrayó que, "claramente, no se produjo ningún acuerdo", pero mostró su confianza en llegar a un consenso sobre este asunto en el plazo de seis meses que ambas partes se han marcado "y que no tiene por qué agotarse".

En este sentido, y tras recordar que la cuantificación de la 'deuda histórica' "tiene un techo y un suelo, como son los 1.148 y los 1.742 millones de euros", la consejera del ramo destacó que "el compromiso del Gobierno es liquidar el importe que al final se pacte con una fecha tope que es el 20 de marzo de 2010, tal y como establece el Estatuto de Autonomía andaluz".

"Lo más importante es que la liquidación se va a cumplir, pero no ha sido posible pactar la cifra", según insistió Aguilera, quien quiso poner de manifiesto que la Junta de Andalucía "ha defendido, defiende y defenderá los intereses de los andaluces antes que cualquier otra cuestión", por lo que, "mientras no se produzca una cuantificación adecuada y conforme a los marcos establecidos, no habrá acuerdo y seguiremos trabajando".

Así, aseveró que, "si hay que levantarse de nuevo de la mesa, nos volveremos a levantar, pues no vamos a mermar ni un sólo derecho ni interés legítimo de los andaluces", abundando en que "la Junta ha usado una metodología para cuantificar la deuda y el Gobierno no ha considerado algunas de las cuestiones que eran sustanciales".

No obstante, Aguilera quiso valorar que "nunca jamás hasta ahora un Gobierno de España se había puesto con una calculadora en la mano a evaluar el importe de la Disposición Adicional Segunda", y señaló que "esto tiene un importante valor político".