MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha puesto este viernes en conocimiento del Consejo de Ministros la autorización para que la Dirección General para la Memoria Histórica realice una campaña de sensibilización para hacer partícipes a los ciudadanos de la necesidad de reparación a las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
La campaña está en línea con las recomendaciones que hizo a España el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe de julio de 2014, según señala la referencia del Consejo de Ministros celebrado este viernes, 3 de noviembre. Un documento que concluye que existe una "brecha particularmente preocupante" entre las instituciones del Estado y las víctimas y asociaciones, ya que muchas de éstas últimas se sienten "insuficientemente reconocidas y reparadas" aunque la mayoría de sus demandas han sido "atendidas".
Cuatro años después de este informe, el Gobierno, que tiene entre los principales objetivos la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, ha acordado la elaboración de una campaña para resolver este problema desatacado por el que fuera entonces relator especial de la Naciones Unidas, Pablo Greiff. Tras su visita a España en marzo 2014, hizo hincapié en que se debían dar pasos para resignificar el Valle de los Caídos con el fin de que no siga siendo un monumento "oprobioso" para las víctimas del franquismo.
REFORZAR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS
Hace tan solo dos meses, su sucesor en el cargo, el argentino Fabián Salvioli, visitó España y manifestó que sus recomendaciones están encaminadas en este mismo sentido. Afirmó que la exhumación de Franco es algo "positivo", pero pidió reforzar la defensa de las víctimas de la dictadura. Entre varias cosas, recalcó "no obstaculizar" las querellas que se están llevando adelante en otros países o cumplir con la obligación de extraditar o juzgar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura.
En el documento firmado por Greiff, se señala que, teniendo en cuenta "la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad del orden democrático", resultaba "especialmente sorprendente" que no se hubiese hecho "más en favor de los derechos" de las víctimas. En este sentido, entre las principales recomendaciones del relator se encuentra el "compromiso decidido del Estado por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
Además de instar a evaluar la Ley de Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas, promover el contacto y la coordinación entre las instituciones y las víctimas y asociaciones, así como evitar "disparidades" en leyes relevantes al tema entre niveles autonómicos y nacional; el experto de la ONU ensalzó el potencial que tiene la educación como "instrumento poderoso en favor de la no repetición".
Asimismo, el relator insistió en la necesidad de "promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso" y dar "expresión institucional adecuada" a esas obligaciones.
