SAN SEBASTIAN, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número 2 de Irún (Guipúzcoa) ha imputado al ex director de la Oficina de la Hacienda foral en la citada localidad guipuzcoana, José María Bravo, nueve delitos: alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y dos de estafa, por su presunta participación en el fraude de la Hacienda irundarra por el que supuestamente se apropió de más de 2,1 millones de euros puestos a su cargo por razón de sus funciones.
El auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Irún, fechado el pasado lunes, que se hace público tras tres años de diligencias previas, se imputa, además de a Bravo, a su esposa, Rosa María Cobos, un delito de alzamiento de bienes y de malversación de caudales públicos, a Pedro María Atristain, socio de Bravo en la correduría de Seguros Urdanibia, un delito de blanqueo de capitales y al decorador José Lamy otro de cohecho.
De esta forma, quedan fuera de esta causa, provisionalmente, la funcionaria foral Pilar Gracenea y Juan Pardo, superior inmediato de Bravo en la Hacienda irundarra, cuya imputación fue solicitada por la Diputación guipuzcoana, por falta de pruebas suficientes.
Del auto, que podrá recurrirse previa constitución de un depósito de 50 euros, se desprende que Bravo se pudo apropiar, con ánimo de lucro, de 2.155.863 euros. En concreto, hacia 1984-85, el ex director de la Hacienda de Irún reclamó, en nombre de la institución, a Alejandro Fernández la deuda que éste tenía con el fisco guipuzcoano, abonando 425.000 pesetas, en metálico, en dos pagos a Bravo, dinero que el encausado se habría apropiado.
La resolución judicial apunta que, entre 1990 y 2004, Bravo habría a varias empresas y particulares el pago de la deuda que mantenían con la Hacienda foral, accediendo en algunos casos a rebajarlas, "a sabiendas que no podía hacerlo", y apropiándose de la cantidad recibida que no ingresaba en las arcas forales.
Además, en el caso concreto de José Lamy, Bravo le habría pedido la deuda que tenía con la Hacienda y le convenció de que la daría de baja si decoraba el hotel Tunel del Hada que el ex director de Hacienda tenía en el valle del Jerte.
El decorador accedió a ello, por lo que se le imputa un delito de cohecho. El juez determina que, para encubrir "la ilícita procedencia" del dinero y aprovecharse del mismo, los imputados utilizaron varias cuentas corrientes en las que se abonaron liquidaciones tributarias y con las cantidades apropiadas Bravo y Cobos contrataron y amortizaron diversos préstamos.
Además, con el mismo fin, se valieron de varias propiedades que compartían, como el hotel anteriormente citado y varias fincas en Avila y Jerte. También se sirvieron de la Correduría Urdanibia y Servicios Inmobiliarios Urdanibia, propiedad, entre otros, de Atristain, Cobos, y que administraba Bravo.
