SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EP/IP) -
La secretaria general técnica de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Cristina de León, aseguró hoy que desde su punto de vista "no hay ninguna irregularidad formal" en los contratos de carácter menor vinculados al denominado 'caso de Amorós' ya que, explicó, la práctica abusiva sería "en todo caso una práctica ilegal y estaría tipificada por la propia intervención. Es decir, si hubiera habido fraccionamiento del gasto la intervención no hubiera permitido pasar esas facturas."
Cristina de León, que declaró en la comisión parlamentaria que investiga estos hechos, indicó que todos los contratos conforme a su naturaleza fueron sometidos a fiscalización previa y que no contaban con defectos de tramitación.
Si bien se mostró partidaria de que cuanto menos se recurra a este sistema de contratación "mejor", comentó que los contratos menores están previstos perfectamente en la Ley de Contratos del Estado y cubren una imprevisión por parte de la Administración, e insistió que su práctica abusiva sería en todo caso una práctica ilegal y estaría tipificada por la propia intervención.
En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del grupo parlamentario socialista, Margarita Figureroa, en relación a una de las conclusiones del informe de la Audiencia de Cuentas que afirma que un órgano de la Consejería contrató servicios con Andersen Consulting aunque ésta mantiene lo contrario porque los trabajos fueron realizados de forma gratuita, Cristina de León dijo que no tenía constancia de ello y que así se señala en las alegaciones que su departamento presentó a la Audiencia de Cuentas y en la que "no hay ninguna irregularidad formal desde el punto de vista de la secretaria general de la Consejería."
Respecto a las alegaciones dijo que no fue una defensa ni una crítica a la gestión de la Dirección General del Tesoro porque éstas resultan "exquisitas en cuanto hacen referencia a aquellos documentos que se custodiaban en la Secretaría General Técnica. En este sentido, recabamos la totalidad de los expedientes de contratación y constatamos que ninguno adolecía de defecto. Es decir, que desde el punto de vista de la contracción formal no detectamos irregularidades."
(ladillo) Teresa Núñez
La directora general de XRT explicó, por otra parte, que la relación de su empresa con el Gobierno de Canarias surgió porque en el pasado fueron clientes y adquirieron algunos de los programas que comercializa la firma, pero destacó que ignoraba si estos fueron pagados directamente o a través de una entidad bancaria.
La totalidad de los grupos parlamentarios declinaron interrogarla sobre el 'caso Amorós' ya que, a juicio del diputado José Miguel Barragán, Pierre Bouaziz, que declaró el 19 de septiembre en la comisión de investigación, proporcionó la información requerida. En esa comisión, Bouaziz, que informó que en XRT se denominaba entonces Cerg Finance, no pudo presentar prueba documental de ningún contrato con el Gobierno de Canarias ni con el BSCH, que la entidad que pagó esos servicios a raíz de un convenio firmado con Hacienda en 1996.
