SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo, destacó hoy la "prudencia y la autocontención" como elementos clave para una buena articulación en las relaciones entre el órgano del que forma parte y el Tribunal Constitucional. El ""deber de ser un buen" vecino" sería, a su juicio, la mejor manera de evitar episodios conflictivos que pueden producir n la "perplejidad" "de los ciudadanos y perjudicar al buen funcionamiento del sistema.
Así se expresó Lucas Murillo durante su ponencia en el seminario 'La Justicia en el siglo XXI: Las reformas necesarias', en el marco de los Cursos de Verano que organiza la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.
Para el catedrático de Derecho Constitucional, los "problemas" entre ambas instituciones han sido "muy escasos", aunque en alguna ocasión "llamativos, en clara alusión a la sentencia del TC por el "caso Urbanor", que absolvió a los financieros Alberto Alcocer y Alberto Cortina al aplicar una doctrina de la prescripción de los delitos diferente a la mantenida por el Supremo.
Situaciones como la aludida "no expresan ni cuantitativa ni cualitativamente la realidad", señaló Lucas Murillo, para poner el ejemplo de otros países europeos con casos más clamorosos, como fue la denominada 'Guerra de las Cortes', que tuvo lugar en Italia entre la Corte Constitucional -"equivalente al TC"- y la Corte de Casación -"equivalente al TS".
Así argumentó que en España no se han producido "especiales complicaciones" a propósito del control de constitucionalidad de las leyes, los tratados internacionales o la solución de conflictos territoriales de competencia.
DISTRIBUCIÓN DE PODER.
Recordó también como el lugar que antaño "ocupaba en exclusiva" el Supremo se tuvo que redistribuir con la aparición en democracia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Constitucional. "Los problemas se resuelven con la convivencia", remachó.
Según señaló, es "fácil" establecer "en abstracto" las delimitaciones en el ámbito de cada jurisdicción de cada Tribunal, pero, en la práctica, no es tan sencillo aplicarlas en algunas ocasiones.
Tales controversias surgen, en su opinión, cuando se cuestiona si "debe limitarse el Tribunal Constitucional, en los casos en que aprecie una vulneración de un derecho fundamental por la actuación de un órgano jurisdiccional, a declararla y sacar sus conclusiones" o si, de lo contrario, dejar al propio Supremo "adoptar las medidas necesarias para reestablecer el derecho infringido".
Asimismo durante su intervención, puso de relieve que sólo "una ínfima parte" de los recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales dan lugar a sentencias estimatorias, y la mayoría de ellos, agregó, "tienen que ver con el mal funcionamiento de la Administración de Justicia". "El niño ha mordido al perro en muy pocas ocasiones", remachó.
RELACIÓN DE COMPETENCIA.
De todos modos, recalcó que es el Tribunal Constitucional quien, según la ley orgánica, "dice la última palabra" y ello "no es incoherente con la Constitución". Tal situación, subrayó, "no implica una relación de superioridad" entre el Alto Tribunal y el Supremo sino un nexo "de competencia".
"Los dos son elementos decisivos del sistema de garantías", apostilló, para celebrar que el nivel de protección de los derechos es "muy elevado" y sólo "puesto en riesgo por las deficiencias de la Administración de Justicia que originan retrasos inaceptables".
El magistrado hizo hincapié en la prudencia y contención que también, en su opinión, deben guardar "las demás instituciones y operadores jurídicos frente a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional". "Especialmente los órganos y el Tribunal Supremo cuyas resoluciones hayan sido anuladas por la sentencia dictada en amparo", agregó, para concluir con la necesidad de una "relación cooperativa y comprensiva" entre ambos Tribunales.
Finalmente, cuestionado si debería predominar el elemento universitario en el acceso al Tribunal Constitucional, se mostró de acuerdo con que se concilien tanto los magistrados procedentes de la carrera judicial como con el ámbito académico ya que ambos "tienen formas de ver las cosas distintas" y ello ayuda a resolver los casos con una mayor amplitud de miras.
