MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional, con excepción del magistrado conservador Jorque Rodríguez-Zapata, expresó su confianza en la presidenta de esta órgano, María Emilia Casas, durante el Pleno gubernamental convocado por ésta tras hacerse pública una conversación que mantuvo el pasado año con la abogada Dolores Martín Pozo que fue grabada por la Guardia Civil, que investigaba a la letrada por la muerte de su ex esposo. Rodríguez-Zapata eludió pronunciarse alegando que ello supondría una toma de postura que podría contaminarle en el futuro ante eventuales actuaciones del Constitucional referidas a este caso.
Tras una reunión, que comenzó a las doce del mediodía y que, tras una pausa para comer, se prolongó hasta las siete de la tarde, el Pleno escuchó el relato de Casas y los magistrados concluyeron agradeciéndole la transparencia de su comunicación y reiterándole su confianza para seguir al frente del Tribunal Constitucional, según informaron fuentes de este órgano.
El Pleno es el único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros, ya que los magistrados no responden disciplinariamente ante el Consejo General del Poder Judicial, según las mismas fuentes.
Durante su intervención en el Pleno, Casas expresó a sus colegas su convencimiento de que ni ella ni el Tribunal, como institución, deben sentirse afectados por la conversación que mantuvo con la abogada, ya que a pesar de lo ocurrido se mantenía la legitimidad para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas.
Añadió que tenía intención de continuar "con normalidad" el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene el Tribunal en su agenda, entre los que se encuentran los recursos del PP y del Defensor del Pueblo contra el Estatut de Cataluña y la acción de ese mismo partido contra la reforma del reglamento del Senado dirigida a poder escuchar a las comunidades autónomas para la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional.
La decisión de Casas de llevar este asunto al Pleno se produce después de que, el pasado jueves, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidiera archivar el procedimiento abierto para aclarar si Casas incurrió en un delito de asesoramiento ilegal, penado con multa e inhabilitación, después de una conversación con la letrada, que fue presentada a la magistrada como una mujer que sufría malos tratos y había perdido la custodia de su hija en un complicado periplo judicial.
En la conversación telefónica que Casas mantuvo con la abogada, la letrada relataba a la presidenta del TC que había pasado por un calvario judicial y que quería recuperar la custodia de su hija. Casas llamó a la abogada por mediación de una vecina amiga de la abogada y se interesó por si se le había pasado el plazo para presentar el recurso de amparo y le aconseja: "Siempre podrá provocar usted, su abogado lo sabe, alguna nueva actuación judicial que le permita llegar al TC en amparo".
La abogada reconoce que no recurrió en amparo por las extrañas circunstancias en las que apareció muerto su marido y que su familia política le culpa de ello. En ese momento Casas trata de cortar la conversación y le da el teléfono de dos abogados especializados, despidiéndose con la frase: "Si alguna vez va en amparo, pues ya me vuelve a llamar". Posteriormente, la abogada sería procesada por el asesinato de su marido, dentro de un proceso que llevó la juez de Instrucción número 5 de Valdemoro (Madrid).
Tras tener conocimiento de la conversación de su investigada con Casas, la juez de Valdemoro elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo el pasado 26 de mayo por si de esta escucha podría derivarse alguna responsabilidad de la presidenta del Constitucional en un delito de asesoramiento ilegal.
Según la juez, de la grabación se deducía que una persona que se identifica como la presidenta del TC "realiza aparentemente asesoramiento sobre la forma de interponer recurso de amparo ante el mencionado tribunal, del que aquella sería parte, de la doctrina del mismo sobre un determinado punto".
CAUSA RECHAZADA
"No todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo", señala el auto del Supremo que fue deliberado y votado a primera hora de la tarde de hoy.
"Sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal", estableció el Alto Tribunal, que consideró ninguno de estos requisitos concurrìa en este caso.
El Supremo estimó igualmente que el comentario que fue objeto de grabación "no colma la acción típica" del delito de asesoramiento indebido, pues "no existe una actividad de asesoramiento, aún ocasional" en este caso.
"El intercambio de comentarios entre María Dolores Martín Pozo -abogada en ejercicio- y la persona aforada no participa de las notas que definen, a efectos de tipicidad, la verdadera acción de asesoramiento", señala el auto, que añade que la conversación entre ambas mujeres concluye con la indicación por Casas del nombre de dos personas que sí pueden realizar una eficaz labor de asesoramiento por su condición de especialistas.
"En definitiva, en la conversación mantenida por la persona aforada se deslizan expresiones que se ajustan sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos".
