MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), tiene previsto retomar hoy el juicio tras una semana sin sesiones. Los abogados defensores seguirán planteando sus cuestiones previas.
Hasta ahora han expuesto sus alegaciones las defensas de más de la mitad de los 95 procesados en esta causa, entre ellas la del principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, la del ex alcalde marbellí Julián Muñoz, y de empresarios como Rafael Gómez, 'Sandokán', José Ávila Rojas o los responsables de Aifos.
Quedan pendiente las exposiciones de las defensas de la mayoría de los que fueron miembros de la corporación municipal y de otros empresarios acusados. Los abogados han centrado sus cuestiones previas en criticar la instrucción desde su comienzo, alegando que se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales.
Muchas de las defensas se han referido a la actuación del primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, entendiendo que se vulneraron las normas de reparto; y han pedido la nulidad total del proceso o parcial, principalmente de las escuchas telefónicas, de los registros y de las detenciones.
Ante determinadas alusiones sobre el juez instructor "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales en cualquier tipo de procedimiento", el Tribunal llegó a pedir a los abogados respeto y que centraran sus críticas en cuestiones y matices estrictamente jurídicos".
La que luego se ha conocido como operación 'Malaya' llevó por primera vez en la historia democrática en España a la disolución de un ayuntamiento. Se inició el día 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas, aunque el número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas. El juicio está previsto que dure un año y las sesiones se celebran de lunes a miércoles.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal considera que el que fuera inicialmente asesor de Urbanismo de Marbella creó una "verdadera organización, que bajo su dirección gestionaba y administraba su patrimonio como si de una empresa se tratara" para "encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos y poder disfrutar de los mismos sin riesgo".
Así, se estima que el blanqueo de fondos imputables al principal acusado "asciende a un montante, en cifras redondas, de 240 millones de euros" y sostiene que "ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", diversificado en sectores como el agrícola, ganadero, hotelero e inmobiliario, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento".
La acusación pública indica que los fondos que supuestamente Roca aplicaba a los sobornos de munícipes y empleados municipales venían "de los pagos que hacían los distintos promotores y empresarios". El procedimiento era "negociar con aquellos que estuviesen dispuestos a abonarle la contrapartida económica", bajo el compromiso de "incluir la nueva configuración urbanística pactada en el documento de revisión del planeamiento", lo que provocó un "urbanismo a la carta".
