MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, por un presunto delito de prevaricación y fraude de ley al entender que aplica "torticeramente" el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para conceder un régimen de semilibertad a los presos del 'procés'.
"En los momentos actuales se está preparando la salida de los presos en el régimen de semilibertad aplicando torticeramente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario", apunta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, para luego incidir en que el objetivo de Capella es "darle un encaje a la carta" a los líderes independentistas.
Hasta este martes, de los nueve condenados, cinco ya se benefician de la aplicación del 100.2, en concreto se trata de Dolors Bassa, Carme Fordadell, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Snchez. La propia Capella señaló la semana pasada que era "previsible" que las cárceles catalanas aplicaran ese artículo a los nueve condenados por el proceso soberanista por el Tribunal Supremo, permitiendo que salgan durante unas horas al día.
Según el 100.2, si bien cada grado comporta determinadas medidas de control y seguridad de los presos, esas características pueden combinarse con el fin de hacer el sistema más flexible. Pero Bernad insiste en que se da un trato de privilegio desde Instituciones Penitenciarias de Cataluña a los condenados del procés en los centros de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses.
En este sentido, apunta que con independencia de que la aplicación del 100.2 pueda ser recurrido por la Fiscalía y revisado por un juez, esto no exime a los responsables políticos, y en concreto a la consellera, de aplicar el reglamento de manera que no se haga de forma "espuria, torticera y prevaricadora".
Y recuerda que los presos del procés "no han demostrado arrepentimiento alguno", dado que han manifestado "reiteradamente que lo volverían a hacer".
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 14
Asimismo, en el escrito Bernad señala que ni los ciudadanos en libertad ni los reclusos de distintos centros penitenciarios dan crédito a lo que ocurre con estos presos porque demuestra que, en este caso, "la ley no es igual para todos".
"En este caso el trato de privilegio hacia los presos del procés se aplica por su condición de ser independentistas y ser o haber sido miembros relevantes de la Generalitat", añade, para luego incidir en que los presos independentistas "tienen al padrino" del Govern "con la complicidad del Gobierno de España".
Al hilo, recuerda que él mismo fue preso durante diez meses en la prisión de Navalcarnero y que ha vivido en persona las distintas aplicación de los beneficios penitenciarios. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó prisión incondicional en 2016 para Bernad, a quien le atribuyó la comisión de presuntos delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal.
