MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una docena de diputados del PSOE en el Congreso, entre ellos Alfonso Guerra y Joaquín Leguina, han dirigido sendas cartas a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidiendo que se investiguen las acusaciones del ex comisario José Amedo contra el juez Baltasar Garzón por la instrucción del secuestro de Segundo Marey por los GAL, alegando que, si son ciertas, habrá que actuar contra el juez, y si son falsas, es preciso querellarse contra el policía que fue condenado por los GAL.
Amedo, que a su condena por el caso Marey unía otros 108 años de cárcel por seis asesinatos frustrados, afirmaba en el libro "La conspiración" que fue "presionado" por el juez y otros dirigentes políticos de aquellos años noventa para desvelar el caso GAL y "lograr el poder político" y "vengarse de sus enemigos". En el caso Marey fueron condenados a prisión los principales actores de la 'cúpula' de Interior de la primera etapa de Felipe González, incluyendo el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera.
En sus cartas, a las que tuvo acceso Europa Press, los diputados socialistas recuerdan que en ese libro "se narra con inusual precisión una parte sustancial" del procedimiento seguido por Garzón en el caso del secuestro de Segundo Marey, acusándose al juez instructor de "delitos tales como prevaricación, malversación de fondos públicos, encubrimiento, coacciones, amenazas y falsedad en documento público", entre otros.
VEROSIMILITUD DEL RELATO DE AMEDO
"Pero lo que más impresiona a cualquier lector --continúan las cartas-- no es la relación de sevicias de todo tipo que le imputan al juez, sino la verosimilitud del relato, que se convierte, subjetivamente, en veracidad cuando, pasado ya un tiempo suficiente, Garzón se niega a contestar las cuestiones planteadas, ni se haya querellado o haya hecho el menor movimiento en defensa de su honor".
Su conclusión es que, si lo que cuenta Amedo es verdad, es necesario "actuar para depurar responsabilidades en las que habría incurrido el juez". Por el contrario, si todo es mentira, se requiere "actuar para salvar el buen nombre de un juez que, además, pasa por ser para algunos paradigma de la dignidad profesional".
Los firmantes añaden al fiscal general algunos párrafos más: "Este gravísimo asunto no puede quedar en el silencio ni cubierto por toneladas de papel mojado simplemente porque los implicados sean personas poderosas o temibles; tampoco si el denunciante fuera moralmente despreciable", se señala.
A su juicio, "en una democracia nadie puede usar torcidamente la libertad de expresión para calumniar, pero tampoco en una sociedad democrática deben existir personas, por muy poderosas que sean, que estén por encima del bien y del mal, que se arroguen una patente de impunidad, que tengan permiso para delinquir".
DOS PRESIDENTES DE COMISIÓN Y UN DIRIGENTE DEL GRUPO
Las cartas se dirigen al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, y al fiscal general, Cándido Conde Pumpido, y están firmadas por los diputados Joaquín Leguina (ex presidente de la Comunidad de Madrid y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso), Alfonso Guerra (presidente de la Comisión Constitucional), Francisco Fernández Marugán (miembro de la dirección del Grupo Socialista), José Acosta, Alfredo Arola, Clemencia Torrado, Elvira Cortajarena, Josep Antoni Santamaría, Luis Tomás García, María Isabel Salazar, Pilar López, Rosario Velasco.
En declaraciones a Europa Press, uno de los firmantes de las cartas, Joaquín Leguina, insistió en que instituciones como la Fiscalía y el CGPJ tienen "la obligación" de investigar las acusaciones de Amedo para dejar claro si son o no ciertas, ya que afectan a muchas personas y además el ex policía presume de tener pruebas.
