Denuncia que la norma vasca "invade competencias y ampara la vulneración de derechos fundamentales"
BILBAO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha manifestado su "total rechazo" a la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley vasca de víctimas de abusos policiales "sin que se haya producido ninguna modificación que así lo justifique". Según ha indicado, la norma vasca "invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
La Ley de 'reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999' fue aprobada el 28 de julio de 2016 en la Cámara Vasca con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. Posteriormente, fue impugnada por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional.
Las administraciones central y vasca alcanzaron un pacto la pasada semana en la comisión técnica bilateral de cooperación por el que se promovían ciertas reformas y este viernes el Consejo de Ministros ha acordado la retirada del recurso.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha expresado, en un comunicado, su "total rechazo" a la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca anunciada este viernes, "sin que se haya producido ninguna modificación en el articulado de la misma que así lo justifique".
Blanco ha recordado que la interposición del recurso por el anterior Gobierno fue avalada por el Consejo de Estado en su dictamen de 4 de mayo de 2017, en el que concluyó que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad".
La Fundación considera que esos fundamentos siguen existiendo en la medida que la norma vasca "invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la creación de una comisión ad hoc ante la que, como señala el Consejo de Estado, 'se sustancia un procedimiento extrajudicial orientado a dilucidar si se ha producido o no una vulneración de derechos humanos (...)'".
Según ha remarcado, "declarar víctimas y 'verdugos', sin las más elementales garantías reconocidas por nuestro derecho penal y procesal, no sólo atenta contra el honor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que lo hace también contra todo el colectivo de víctimas del terrorismo, al favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas por ETA".
A su entender, la retirada del recurso resulta "aún más injustificada" tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional en la que "se ha declarado inconstitucional la mayor parte" de la Ley Foral navarra 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, "cuyo contenido es prácticamente idéntico a la ley vasca en muchos de los preceptos anulados".
"Esta sentencia permite afirmar, sin lugar a dudas, que la retirada del recurso carece de fundamentación jurídica y que no obedece a la defensa de los intereses generales ya que su inconstitucionalidad ha quedado claramente en evidencia", ha subrayado la Fundación.
Asimismo, ha apuntado que la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo exige a los poderes públicos que contribuyan "al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el daño y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas".
La Fundación Víctimas del Terrorismo considera que la retirada del recurso de inconstitucionalidad "claramente contraria a las previsiones" de la esta ley y, por ello, sus responsables han asegurado sentirse "directamente afectados".
"LA MERA PROMESA"
Según ha indicado, la retirada "carece de lógica jurídica" si se tiene en cuenta que "se fundamenta en la mera promesa de la futura aprobación de algunos cambios en la norma, en lugar de esperar a que estos se hayan producido".
En su opinión, "lo grave no es sólo que ni tan siquiera se conozca cuál será el tenor literal de la nueva redacción, ni si afectará a todos los preceptos cuya inconstitucionalidad ha sido defendida por el Consejo de Estado y por la Abogacía del Estado, sino que la retirada del recurso dejará sin efecto la suspensión de la Ley, acordada por el Tribunal Constitucional por auto 130/2017, de 3 de octubre de 2017, haciendo que la misma pueda aplicarse de forma inmediata, pese a que el propio Gobierno reconoce la necesidad de su modificación".
Por otra parte, ha recordado que el colectivo de víctimas del terrorismo siempre ha considerado que "la derrota de la banda terrorista ETA fue posible gracias a la magnífica labor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con una dedicación en muchas ocasiones más allá de lo exigible, y con el terrible coste de numerosas vidas entre sus miembros", por lo que ha trasladado su "claro posicionamiento junto a ellos" y su rechazo a que se permita la entrada en vigor de una norma que "atenta gravemente contra sus derechos fundamentales".
Finalmente, la Fundación Víctimas del Terrorismo ha expresado su apoyo a "cuantos recursos e iniciativas lleven a cabo otras asociaciones o fundaciones de víctimas del terrorismo, y cualquier otro colectivo, en defensa de la verdad, memoria, dignidad y justicia".
