MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido este miércoles en el Congreso abordar la corrupción como "uno de los grandes desafíos del Estado de Derecho" y hacerlo con transparencia, "evitando cualquier sospecha del uso partidista" de este Departamento. También ha subrayado su apuesta por afrontar la "plena deslegitimación" de ETA, así como reforzar el diálogo en el Pacto Antiyihadista dando "cobertura legal a la actuación antiterrorista" con el CITCO como "elemento nuclear".
En su discurso sobre las políticas que llevará a cabo el nuevo equipo de Interior, Grande-Marlaska se ha comprometido a actuar con tres pilares básicos: transparencia, certeza y seguridad - "seguridad humana", ha dicho en varias ocasiones--. Para combatir la corrupción, en concreto, ha dicho que se remitirá al dictamen de la comisión de investigación que censuró el uso partidista del Ministerio durante la etapa del exministro del PP Jorge Fernández Díaz.
"Estoy en lo cierto si digo que llegó la hora de hablar de los temas que preocupan a las personas de este país, no de hablar de otras cuestiones ni de generar agendas paralelas a la realidad de España", ha defendido. "Reitero que en mí encontrarán a un ministro resolutivo y propositivo", ha añadido tras definirse como un técnico.
Ante el terrorismo de ETA, ha señalado como líneas estratégicas el trabajar por la justicia y contra la impunidad; afrontar con determinación el gran reto de la plena deslegitimación del terrorismo y de los terroristas; impulsar los trabajos de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre los documentos cedidos en Francia el pasado mes de febrero; y apostar por la memoria y verdad de las víctimas del terrorismo.
"Construir el relato de 50 años de terrorismo etarra y de un terrorismo yihadista en apogeo es una deuda que tienen las instituciones públicas y toda la sociedad española con las víctimas", ha señalado Grande-Marlaska. Modificar la Ley 29/2011 para mejorar los derechos de las víctimas y ampliar el ámbito de protección a los hijos que eran menores de edad en el momento del atentado y que sufren secuelas psicológicas serán dos de sus objetivos.
Su apuesta va dirigida también a revisar las pensiones mínimas de terrorismo de aquellos que no han cotizado, después de que se congelaran de 2010 a 2017, prometiendo actualizar criterios de cálculos según el IPREM.
"EL GOBIERNO NOS HELARÁ LA SANGRE"
Ciudadanos y PP han aplaudido estas medidas pero han dudado del compromiso del Gobierno tras el "discurso vacío" de Grande-Marlaska y las "hipotecas de Moncloa", en palabras del diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, que ha afeado el cambio de política penitenciaria: "Están más preocupados por los terroristas que por las víctimas", ha dicho reprochando que no haya mencionado los actos en pueblos como Oñate donde se volvió a pedir la expulsión de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Y lo mismo con el caso de los líderes independentistas catalanes. "Han dejado a los líderes de la rebelión en manos de sus compinches", ha comentado Ciudadanos. El diputado del PP José Alberto Martín-Toledano ha avisado del trato de favor que dispensará la Generalitat y ha criticado la "tolerancia" del nuevo ministro con el "plan oculto" de Pedro Sánchez, que "hará cosas que nos helará la sangre", ha dicho, en referencia al comentario que hizo una víctima de ETA al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
"Tan legal es mantenerlos como acercarlos, lo que van a hacer es una infamia, algo inmoral", ha enfatizado el diputado del PP sobre los presos etarras, cuestionando la "humillación a las víctimas" por la "cesión" que supone poner en la agenda este cambio en la política penitenciaria como consecuencia del apoyo del PNV y Bildu en la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez. "Señor ministro, debe frenar el cambalache, plántese y diga no", le ha pedido.
EQUIPARACIÓN SALARIAL Y PRISIONES
Grande-Marlaska ha puesto en valor el trabajo de los policías y guardias civiles, pero también de los funcionarios de prisiones. Además de subrayar su compromiso con la equiparación salarial aprobada por su antecesor, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que atenderá sus demandas con una adecuación, ha dicho, de la Ley Orgánica General Penitenciaria a las diferentes reformas que ha tenido el Código Penal.
El ministro ha prometido luchar contra las agresiones en prisiones y reforzar su papel como agentes de autoridad, además de "intensificar" el carácter rehabilitador de los programas de tratamiento. Con un objetivo: "aumentar el cumplimiento de condena en el régimen previsto de semilibertad en tercer grado a fin de converger a niveles de países de nuestro entorno".
Podemos ha insistido en la necesidad de poner fin "al entramado de uso partidista" de Interior, con una apuesta decidida por la equiparación salarial y acabando con la concesión de medallas policiales de forma discrecional. También ha reclamado que se cierren los CIE y que se aborde el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', recordando que con ella se ha condenado a raperos.
