MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este miércoles a petición propia en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta sobre el acercamiento de presos de ETA y la política migratoria tras el asalto masivo a la valla de Ceuta por parte de más de seiscientas personas que buscaban entrar ilegalmente en España y en el que resultaron heridos varios guardias civiles.
El PP consiguió el lunes en la Diputación Permanente, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, que se incluyera un tercer punto en el orden del día para que Grande-Marlaska explique el cese el 2 de agosto del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El PNV y el resto de partidos nacionalistas no respaldaron la iniciativa y el PSOE propuso que las explicaciones se dieran en la Comisión de Secretos Oficiales, recordando, además, que el mando policial aún puede interponer un recurso por un cese que Interior justificó por "pérdida de confianza". El relevo en la UCO se adoptó tras trascender una orden interna en la que Sánchez Corbí interrumpía las actividades con cargo a fondos reservados por falta de disponibilidad.
PP y Ciudadanos han defendido la necesidad de que Grande-Marlaska ofrezca explicaciones en el Congreso por la destitución "arbitraria, injustificada y comunicada por teléfono" del coronel Manuel Sánchez Corbí, al que han ensalzado por ser "un funcionario público con reconocimiento nacional e internacional" por su lucha contra la corrupción y el crimen organizado y, en el pasado, contra la organización terrorista ETA.
NO ABORDARÁ LAS DENUNCIAS DE AGRESIONES POLICIALES
La comparecencia del ministro del Interior ha sido una de las más demandadas por la oposición en la última Diputación Permanente. El PP, el PSOE y Ciudadanos sí rechazaron la solicitud de ERC para que se abordaran los casos de agresiones a independentistas por miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en torno a la polémicas con símbolos como los lazos amarillos, al ser asuntos que ya están en la vía judicial o pendientes de tratar en la Junta de Seguridad de Cataluña aún sin fecha fijada.
El diputado del PP Javier Maroto explicó en la Diputación Permanente que "les preocupa mucho" la posición que fije el ministro este miércoles en lo referente al acercamiento de presos de ETA. Recordó que el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha defendido este verano que el fin de la dispersión debe beneficiar también a los etarras "más duros" y, acto seguido, respaldó la tesis de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de que esta política fue "la más eficaz para la reinserción" de los terroristas.
El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez rebatió al PDeCAT y el PNV tras defender ambos partidos que lo que se hace es cumplir la ley al poner fin a la dispersión tras la desaparición de ETA. Según el dirigente de la formación naranja, el presidente Pedro Sánchez "ha roto el consenso" porque "algo está pagando a los cobradores del frac", en referencia a los partidos nacionalistas.
"No queremos privilegios, deben cumplirse las condiciones, entre ellas la ayuda en el esclarecimiento de 379 asesinatos sin esclarecer, que son 379 familias destrozadas", sostuvo Gutiérrez.
SALTOS DE LA VALLA VIOLENTOS
La oposición también pedirá cuentas a Grande-Marlaska a cuenta de la política migratoria tras los saltos de la valla de Ceuta de este verano en el que resultaron heridos guardias civiles. Este martes, un día antes de la comparecencia, el Instituto Armado ha detenido a diez de los inmigrantes que accedieron a la ciudad el 26 de julio, a los que se imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
Tras la detención, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha asegurado que cree que los extranjeros que accedan a territorio español de forma "violenta" serán devueltos a Marruecos, como se hizo con los 116 que consiguieron acceder a territorio nacional el 22 de agosto. "Creemos que sí, que se va a continuar igual, el que entra violentamente y agrediendo va a recibir el mismo pago", ha anunciado Mateos en declaraciones a los medios.
El PP quiere que el ministro del Interior detalle cómo combatirá "el clarísimo desvío hacia España de las rutas de tráfico de seres humanos, que supone el 38% de la inmigración que llega a Europa por mar, la actividad criminal que realizan las mafias y la política de fronteras y de defensa en relación con la retirada de las denominadas 'concertinas".
