BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El cuarto teniente de alcalde, Ramon García Bragado; el gerente municipal, Ramon Massaguer, y el director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, que formaban la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento cuando se tramitaba el hotel del Palau, declaran este miércoles como imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que instruye el caso.
Los tres --junto al arquitecto Carlos Díaz, que declarará el jueves-- están acusados de presuntos delitos continuados de falsificación de documento oficial y prevaricación, y ya declararon una vez como testigos, aunque nunca como imputados.
El jueves también se sentarán ante la juez el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull.
El día 17 declararán como testigos el abogado de la Generalitat Josep Lluís García-Ramírez y el abogado del bufete Roca i Junyent Lluís Saura.
RENUNCIA "PROVISIONAL"
A finales de junio, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aceptó la renuncia "provisional" de Bragado, a sus competencias como concejal de Urbanismo.
En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento, y junto a Bragado, Hereu se mostró "absolutamente convencido de la honorabilidad" de Bragado y del gerente de Urbanismo, Massaguer, y también de la correcta tramitación del hotel.
Sin embargo, Hereu aseguró que actuará "con todas las consecuencias y sin reservas" si la jueza determina que han cometido algún delito.
Según la juez, la ex cúpula de Urbanismo ocultó "la verdadera titularidad de Olivia Hotels" sobre los terrenos donde debía construirse el hotel del Palau, "faltando a la verdad en la tramitación, escondiendo una operación especulativa existente en favor de un tercero", y que se habría frustrado de conocerse esta titularidad.
La presunta ocultación del auténtico titular se pudo haber hecho para que no comportara un obstáculo en la tramitación "o llegara a paralizarla". Según la juez, Massaguer actuó de este modo para agilizar los trámites del proceso urbanístico, a petición del propio Montull.
García Bragado indicó al arquitecto Díaz, previa conversación con Massaguer, los pasos que debía seguir para que el proyecto avanzara con éxito antes de firmarse los convenios con la Fundación y la Generalitat, llegando a "preveerse que diera el visto bueno a un documento que debía someterse a examen posterior de la administración, así como la falta de publicidad del convenio y la necesidad de que Millet controlara políticamente a todos los partidos".
