BRUSELAS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reiteró hoy, durante una comparecencia ante la comisión de la Eurocámara que investiga las presuntas actividades irregulares de la CIA en territorio de la UE, que el Gobierno no conocía ni autorizó las escalas en España de los vuelos de la agencia estadounidense de inteligencia. Moratinos redujo a tres el número de vuelos sospechosos de transportar a presuntos terroristas detenidos irregularmente que pararon en España.
"El actual Gobierno en ningún momento conocía ni ha autorizado operaciones que impliquen violación de la legalidad en nuestro territorio", destacó Moratinos. Insistió además en que ha pedido "formalmente" explicaciones a las autoridades estadounidenses, que le han dado garantías de que en España "no se ha cometido ningún acto ilegal". Y destacó que el Gobierno "ha apoyado y apoyará en todo momento" las investigaciones judiciales y las que realiza el Consejo de Europa y la Eurocámara, y les ha remitido "toda la información disponible".
"De todas las investigaciones realizadas hasta el momento tampoco han podido deducirse indicios de violación de la legalidad en territorio español", indicó.
Moratinos recordó que en el informe de la Eurocámara sobre los vuelos de la CIA se mencionan 128 escalas en España. A su juicio, este número puede reducirse "tras un estudio más pormenorizado" a sólo 66. Pero de ellos, sólo mencionó tres como sospechosos de haber transportado a víctimas de las denominadas 'entregas extraordinarias'.
Se trata en primer lugar del vuelo cuyo itinerario completo es Guantánamo-Tenerife (donde sólo estuvo 2 horas y 29 minutos, el 12 de abril de 2004)-Constanza-Bucarest-Casablanca-Rabat-Washington). Sobre este vuelo no se dispone de suficiente información y "puede originar sospechas por el escaso tiempo de permanencia en nuestro país, así como por el origen y destino". No obstante, la embajada de EEUU en Madrid aseguró al Gobierno que no llevaba pasajeros durante la escala aunque participó en una operación de entrega extraordinaria, explicó el ministro.
Un segundo grupo de vuelos sospechosos comprende los casos donde, antes o después de la escala realizada en España, los aviones podrían haberse utilizado en operaciones de detención o entrega de prisioneros. Estos casos, dijo Moratinos, están siendo investigados por la justicia española, porque aunque no hay indicios de que se haya cometido delito en territorio español, podrían haber cometido algún delito "de persecución universal" en el territorio de otro Estado.
Se trata de manera específica del vuelo Argel-Palma de Mallorca (donde llegó el 22 de enero de 2004 y desde donde partió al día siguiente, tras permanecer 20 horas)-Skopje-Bagdad-Kabul-Timisioara. Este vuelo "podría haber detenido en su escala en Skopje" al ciudadano alemán de origen kuwaití Khaled El Masri, desde donde lo llevó a Kabul. El segundo vuelo de este grupo es Guantánamo-Misurata (Libia)-Palma de Mallorca (donde legó el 15 de septiembre de 2004 y desde donde partió 48 horas después)-Washington. "Se trata de un vuelo que en escalas previas a la realizada en Palma podría ser sospechoso de transportar detenidos", dijo Moratinos.
El ministro detalló ante los eurodiputados las diferentes comparecencias en el Parlamento español de miembros del Gobierno y del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero para explicar los hechos y destacó la colaboración de España con las investigaciones del Consejo de Europa y de la Eurocámara. "Esta es precisamente la razón que explica mi comparecencia hoy ante esta Comisión, que es la primera comparecencia de un ministro de un Estado miembro", recalcó.
Moratinos excusó además la no comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia que ha sido citado por la comisión de la CIA varias veces, porque "por la propia ley de constitución del CNI su director sólo puede comparecer para dar cuenta de sus actividades ante la comisión de Secretos oficiales del Parlamento español".
Finalmente recalcó la "plena disposición" del Gobierno a seguir colaborando con las distintas instancias judiciales que han abierto causas sobre estos asuntos, remitiendo a las mismas toda la información disponible, y recordó que tras su comparecencia en el Parlamento español en noviembre de 2005 trasladó todos los documentos a la Fiscalía General del Estado, que inició la correspondiente investigación.
