BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio Social del proceso de paz y normalización presentó hoy en Bilbao su primer informe, elaborado por Igor Ahedo, Pedro Luís Arias, Garbiñe Biurrun, Alfonso Dubois, Andrés Krakenberger, Paul Ríos y Ramón Zallo, en el que propone varias recomendaciones para que se recuperen las condiciones para desarrollar el proceso, como son que ETA deje las armas y que la izquierda abertzale se pueda presentar a las elecciones.
A petición y propuesta de Lokarri, un grupo de personas significadas de distintas sensibilidades han constituido una comisión de estudio y análisis denominado Observatorio Social del proceso de paz y normalización. Su cometido consiste en emitir un informe trimestral sobre la situación y evolución del proceso de paz y normalización que incluya sugerencias y recomendaciones.
El primer informe del Observatorio, correspondiente a invierno de 2007, que hoy se presentó señala que: El proceso de paz tiene prioridad sobre cualquier otra consideración; ETA debe manifestar con claridad su disposición de poner fin a la violencia para crear las condiciones que hagan posible reconstruir el proceso de paz y; Todos los derechos humanos deben garantizarse en todo momento y circunstancia, haya o no haya proceso de paz.
Asimismo, el estudio afirma que: La Izquierda Abertzale debe poder presentar listas en las próximas elecciones; Hay que exigir garantías de seguridad para que todos los candidatos y simpatizantes de cualquier formación tengan acceso libre y seguro en el espacio público y; Los partidos políticos deben continuar trabajando y colaborando para mantener las puertas abiertas a la posibilidad de abordar un nuevo proceso de paz y normalización.
También considera importante que todas las corrientes políticas, y especialmente la Izquierda Abertzale, prefiguren en sus estrategias el nuevo contexto pacífico y normalizado a crear.
Del mismo modo, afirma que "como el resto de poderes del Estado, también el judicial ha de contribuir a la construcción y al éxito de un proceso de paz, aplicando la ley con escrupuloso respeto a los principios básicos generales del Derecho Penal y Penitenciario y a los derechos humanos, sin excepcionalidades". "La sociedad debe movilizarse y participar para evitar que la situación vuelva a claves del pasado", añade.
Por último, indica que "si bien las víctimas que así lo entiendan pueden apoyar personalmente proyectos políticos concretos, no debe existir ninguno que rentabilice toda la memoria doliente de las víctimas".
