MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Varios grupos de la oposición en el Senado han presentado seis vetos o peticiones al Gobierno para que devuelva a la tramitación del Congreso la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Se trata de uno del PSOE, dos de la Entesa catalana, Izquierda Unida, ERC, y otro de diputados vascos independientes y de EA.
A juicio del Grupo Socialista en el Senado, el proyecto que presenta el Gobierno presenta tres vicios de origen que afectan de "manera grave" a su utilidad para los propósitos que estableció la Subcomisión hace cuatro años. Entre otros puntos, dice que se echa en falta un diagnóstico de la situación real de la industria cultural y de su relación con las nuevas tecnologías.
Dado el nivel de litigiosidad que se detecta en torno a la propiedad intelectual cree también que falta un análisis detallado de los aspectos más conflictivos en el uso de bienes y servicios protegidos por la legislación de propiedad intelectual, tanto en lo referido a la garantía de los derechos de los titulares de los mismos, como en lo concerniente al desarrollo de los nuevos modelos de negocio en la sociedad de la información. A estos puntos sostiene que habría que añadirle la falta de consenso con el sector.
"Esta norma no resuelve la gran crisis que está viviendo la cultura en nuestro país. La cultura necesita una gran reconversión industrial y, ni la acción del Gobierno del Partido Popular, ni su tarea legislativa como muestra este proyecto de ley, están contribuyendo a ofrecer las soluciones que demanda la cultura en la sociedad actual.", lamentan en su propuesta de veto los senadores de la Entesa Mónica Almiñana, Francisco Boya, Rafel Bruguera, José Montilla o Carlos Martí, por ejemplo.
"INJUSTIFICADA URGENCIA"
Los senadores Joan Saura y Jordi Guillot, de la Entesa Catalana, justifican su veto conjunto a la tramitación en el Senado de la Ley de Propiedad Intelectual en la falta de consenso con los sectores concernidos, una "injustificada provisionalidad y urgencia por acometer esta reforma", una falta de una solución adecuada para la compensación por copia privada, un menoscabo de la gestión colectiva de derechos.
"El profundo calado de esta reforma, precisa de una amplia consulta y consenso con todos los sectores afectados. La urgencia de las reformas que reclama el Gobierno no están justificadas desde la defensa del interés general, ni existen razones suficientes, desde la perspectiva de ese mismo interés, para plantear un giro como el que el Gobierno plantea respecto a la vigente Ley, máxime habida cuenta su carácter provisional y transitorio", agregan.
Por parte de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias Fernández y el senador José Manuel Mariscal, presentan su veto a la ley porque, a su juicio, la reforma que se impulsa el Gobierno "ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra" y en ella el ministerio ha renunciado a buscar una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada.
Además, lamenta que la ley declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando al consumidor, además de menoscabar la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores, o reconocer inadecuadamente los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas.
Desde ERC, la senadora Ester Capella presenta entre otros puntos su veto porque no comparte la regulación de la compensación por copia privada incorporada en el proyecto de ley. "No es de recibo que ciudadanos que no realizan copias privadas se vean obligados a soportar el coste", critica, al mismo tiempo que discrepa de la regulación establecida sobre los derechos de autor y lamenta que la ley ignore la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión.
Al mismo tiempo, el senador independiente Urko Aiartza, el de EHB Iñaki Goioaga, así como la senadora independiente Amalur Mendizabal y el senador Alberto Unamunzaga de EA, argumentan que han registrado el veto contra esta ley porque, en su opinióin, supone un recorte de libertades, limitación de la creatividad, "ataque a la socialización del conocimiento", impide decidir su propio modelo a Euskal Herria,
