MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fuengirola (Málaga) ordenó el embargo de una de las sedes del PP en Madrid, la de la calle Génova número 15, para hacer frente al pago de una deuda contraída en 1991 por el partido con Roberto Martínez Santoyo, miembro del PP que fue candidato por Benalmádena en las elecciones municipales de aquel año, aunque finalmente no fue elegido. Por su parte, el secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, ha asegurado que, a pesar de que no han recibido notificación oficial alguna sobre el embargo de la sede, el PP "pagará la deuda, como hace con todas" si así lo establece la sentencia
Martínez Santoyo denunció al partido por incumplimiento de una póliza por la que pagó más de 11 millones de pesetas. Pero la deuda en total asciende a 113.429 de euros (cerca de 19 millones de pesetas). El PP contestó hoy a través de su secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, quien dijo que el partido no ha recibido comunicación oficial sobre el embargo, pero, en cualquier caso, afirmó que "pagará la deuda, como hace con todas" si así lo establece la sentencia.
Los hechos juzgados se remontan al año 1991 cuando Martínez Santoyo se ofreció como número seis del PP en las listas electorales a los comicios municipales de ese año en la citada localidad malagueña. Según la denuncia presentada en su día por la defensa de Martínez Santoyo, todos los candidatos de esa lista "se comprometieron a ingresar en la cuenta del PP la totalidad de los ingresos que, por cualquier concepto, recibieran como consecuencia de su elección como concejales del Ayuntamiento de Benalmádena, suscribiendo al efecto un documento de compromiso".
Además, en una reunión previa a la cita electoral también acordaron, según especifica la demanda, "suscribir dos pólizas de crédito, por un importe de tres millones de pesetas cada una de ellas, firmadas con carácter solidario por los seis primeros candidatos de la lista". En el supuesto de no salir elegidos, "el Partido Popular se haría cargo de la parte de crédito correspondiente a los no elegidos, debiendo reintegrar la suya los candidatos que sí resultaran elegidos".
Dicho acuerdo figura en el libro de actas del PP de la reunión celebrada el 1 de abril de 1991. Quince días después se suscribieron con el Banco Urquijo dos pólizas de crédito por un importe de tres millones de pesetas cada una. Una de esas pólizas, que es la causa de la demanda, fue suscrita por los candidatos Roberto Martínez Santoyo, Antonio de la Rubia Barrios y Ángel Tirado Gómez con sus respectivas esposas.
NO SALIÓ ELEGIDO
Tras conocerse los resultados de las elecciones, sólo resultaron elegidos los tres primeros en la lista. Aún así, posteriormente, el director del Banco Urquijo convocó a los seis firmantes de las dos pólizas para intentar dar solución al problema de pago de los intereses devengados hasta el momento. En esa reunión, dos de los miembros que habían sido elegidos "se negaron a hacer frente a los compromisos adquiridos, llegando incluso a retirar sus nóminas como concejales de las cuentas del partido, pasándolas a sus cuentas particulares".
Ante esta situación, la dirección del Banco Urquijo pasó el asunto a manos de su asesoría jurídica, que realizó un requerimiento de pago a Roberto Martínez Santoyo, para que "satisficiera el importe total de la póliza por él suscrita, dado el carácter solidario de la misma". Ante este requerimiento Roberto Martínez puso los hechos en conocimiento de quien coordinaba la gestora del PP en Málaga en aquella época, Federico Souvirón, actual diputado del PP por Málaga en el Congreso, "quien le manifestó que tomaría cartas personalmente en el asunto". Sin embargo, el 19 de octubre de 1998, siete años después, Roberto Martínez Santoyo recibió un telegrama del Banco Urquijo concediéndole un plazo de 72 horas para hacer efectivo el importe del crédito y los intereses devengados, en total 66.877 euros (11.127.483 pesetas en aquella época), monto que tuvo que pagar.
Ignacio Astarloa hizo las siguientes declaraciones al respecto: "Si la resolución judicial, como parece, es la de ordenar que se pague esa deuda, pues como solemos hacer con todas, la pagaremos", dijo Astarloa. El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP aclaró que, aunque se trate de una deuda nacida en Benalmádena (Málaga), correspondería satisfacerla al partido. "Lo que dice el juez es que como no existe aislado el PP de Benalmádena, sino que es el PP nacional, corresponde satisfacerla al PP nacional", concluyó.
