Advierte del grave daño que para las instituciones tendría que las discrepancias entre ambos afectasen a sus relaciones.
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy, con 16 votos a favor y uno en contra (del magistrado Alfons López Tena), una declaración institucional en la que insta "a la responsabilidad" para que las discrepancias que puedan surgir entre jueces y fiscales "no excedan de lo jurídico ni de la lógica procesal".
El CGPJ se ha pronunciado así después de que cuatro vocales de la mayoría conservadora, su portavoz, Enrique López, Carlos Ríos, Javier Laorden y José Luis Requero, elevaran al Pleno la nota que el pasado viernes hizo pública la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusando al tribunal que absolvió al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi de "dejación de funciones" y "falta de imparcialidad".
En dicha sentencia, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional afirmaba que había indicios para condenar a Otegi por enaltecimiento del terrorismo, pero que se había visto obligada a absolverle al retirar la Fiscalía su acusación.
El acuerdo del CGPJ dice textualmente: "En el Estado constitucional y democrático de Derecho la Justicia se imparte por un Poder Judicial independiente, actuando según las normas de competencia y procedimiento legalmente establecidas, y en el que se integra con autonomía funcional el Ministerio Fiscal velando por la independencia de los Tribunales. Ambos sirven al Estado de Derecho; cada uno, dentro de su cometido exclusivo y excluyente, siendo órganos imprescindibles de ese Estado de Derecho."
Continúa explicando que "sobre esa base se ha asentado tradicionalmente una buena y necesaria relación de cooperación entre el Ministerio Fiscal y los tribunales, sin confusión ni interferencia del cometido constitucional que a cada uno corresponde. Esto ha hecho que las diferencias de criterio que pudieran surgir se hayan visto como discrepancias jurídicas y no como tensiones institucionales".
En el último punto se produce una advertencia consistente en que "si los intereses y las tensiones sociales alcanzasen a las relaciones entre los tribunales y el Ministerio Fiscal, con abandono de ese buen sentido, el daño sería gravísimo".
"De ahí que desde el Consejo General del Poder Judicial instemos a la responsabilidad para que esas discrepancias no excedan de lo jurídico ni de la lógica procesal. Sólo así los ciudadanos verán satisfecha su demanda, cada vez más insistente, de confianza en las instituciones del Estado", concluye el órgano de Gobierno de los jueces.
