MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) - El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que fue responsable del operativo policial que operó durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, ha manifestado este jueves durante su comparecencia como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que en la citada jornada "el cumplimiento de la Ley estaba por encima de la convivencia ciudadana", según han señalado fuentes presentes en la comparecencia. A lo largo de las más de cuatro horas en las que ha respondido a las preguntas realizadas tanto por la Fiscalía, por la acusación particular que ejerce Vox y por las defensas de los encausados en la causa del 'procés', el alto mando ha reconocido que durante la reunión de la Junta de Seguridad celebrada el pasado 28 de septiembre llegó a trasladar al exconsejero de Interior Joaquim Forn que la forma más sencilla de evitar incidentes pasaba por desconvocar la consulta ilegal. Según las fuentes consultadas, las manifestaciones del alto mando del Ministerio del Interior han ratificado las tesis de la Fiscalía sobre la existencia de un "concierto" entre los Mosos d'Esquadra, el Govern de la Generalitat de Cataluña y organizaciones de la sociedad civil, que actuaban "en sintonía" para facilitar la celebración del referéndum ilegal. En un encuentro que el testigo ha calificado de "tenso", Forn le habría planteado, según las mismas fuentes, que la postura de la Generalitat era que la convivencia se tenía que preservar y que la ley se tenía que aplicar con criterios de congruencia y proporcionalidad en el caso de que las fuerzas del orden actuaran durante la celebración del referéndum. Preguntado por el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero pese a que las defensas han intentado que no se interrogara en esta dirección al no estar aún investigado en esta causa, Pérez de los Cobos ha manifestado que, pese a que en las actas de dicha junta el jefe de la policía catalana manifestaba que acataría las órdenes, luego pudo constatarse que no fue así, y que actuaba siguiendo órdenes del exconsejero Forn facilitando la votación en el referéndum. Parte del interrogatorio a Pérez de los Cobos ha versado sobre su conocimiento del auto por el que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenó expresamente requisar material y evitar el referéndum, aunque preservando la convivencia ciudadana. El coronel ha manifestado que no tuvo acceso al auto íntegro hasta después del 1 de octubre y que sólo conocía su parte dispositiva, en la que se ordenaba impedir la votación. Este es el contexto en el que habría señalado que desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad prima el cumplimiento de la Ley. Para Pérez de los Cobos era la Generalitat quien tenía en su mano impedir la votación. Tampoco acepta el número de heridos dados oficialmente, al tratarse de asistencias sanitarias que habría que revisar y de las cuales algunas se ha acreditado que son falsas. Sobre los colegios en los que se concentró el operativo, las mismas fuentes han señalado que Pérez de los Cobos ha señalado que fueron seleccionados por los responsables territoriales de las comisarías por razones de eficacia. También ha dicho que la Policía y la Guardia Civil puede utilizar pelotas de goma en Cataluña, ya que estos cuerpos no están compelidos por la prohibición del Parlament que sí pesa sobre los Mossos. Ha admitido igualmente que se utilizaron gases lacrimógenos en algunos puntos porque fue necesario. Otro de los puntos interesantes del interrogatorio ha pasado por la constatación por Pérez de los Cobos del hecho de que los Mossos acudieron la víspera del 1-O a algunos colegios e informaron allí a los ya concentrados de que al día siguiente no actuarían si se concentraba mucha población en los centros. Sobre el día del referéndum, ha dicho que los agentes de la policía autonómica informaban a la gente de los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que pudieran organizarse al respecto. En el procedimiento del Supremo se investigan a 28 cargos independentistas --entre ellos el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de este gabinete-- por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos vinculados a los hechos que concluyeron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado mes de octubre.
