MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IU-ICV calcula que las enmiendas que ha logrado introducir en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 en los dos días de debate en comisión suponen un aumento de 157 millones de euros para gasto social, política medioambiental e inversiones en distintos municipios.
Entre las nuevas enmiendas aprobadas, IU-ICV destaca una por la que se dota con tres millones de euros una partida para el Fomento de la Educación y de la Cultura de la Paz, que será gestionado por el Ministerio de Educación.
Además, reseña otro acuerdo alcanzado con el PSOE para incrementar en seis millones de euros la partida para campañas de publicidad y transferencias a los entes territoriales para luchar contra la violencia doméstica.
Otra de las enmiendas promovidas por IU-ICV y respaldadas por la comisión establece un complemento de pensión de 350 euros anuales para aquellos pensionistas que residen en una vivienda de alquiler y carezcan de una residencia en propiedad.
Asimismo, la coalición recuerda que en estos Presupuestos se recogerá por vez primera una dotación económica de diez millones de euros para crear un Fondo de Alimentos que garantice que los cónyuges que no reciben la cantidad para alimentos estipulada en sentencia judicial tras un divorcio puedan acceder a él.
"MÁS DE LO ESPERADO"
El portavoz de IU-ICV Congreso, Joan Herrera, considera que se ha conseguido "más de lo que esperaba en un principio" respecto a las inversiones territoriales, tras conseguir que se aprueben varias enmiendas que aumentan el importe destinado a las mismas referido a más de una veintena de municipios.
Además, destaca la enmienda pactada con el Grupo Socialista por la que el Gobierno se compromete a que en 2007 entre en vigor la "fiscalidad verde" (impuestos medioambientales), algo que Herrera, celebró como "una importante victoria frente a la indefinición mantenida hasta ahora por el Ejecutivo".
Igualmente, citó la enmienda por la que se incrementa en diez millones de euros, hasta alcanzar los 30 millones, la cantidad destinada a la compra de fincas en el litoral mediterráneo, para la protección medioambiental de las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares y Cataluña.
