MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado una total de 27 años de cárcel para ocho personas, siete de ellas extranjeras, a las que acusa de estafar con el timo de la lotería, consistente en contactar por correo ordinario o electrónico con personas en el extranjero a las que solicitaban dinero para tramitar la entrega de un premio que supuestamente les había correspondido y que no existía. El fiscal pide que se acuerde en sentencia la sustitución de la pena por la expulsión judicial para aquellos que no sean residentes legales.
Según el escrito de calificación provisional de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, siete de los procesados, junto con al menos otras cinco personas, también extranjeras, que fueron expulsadas del país en noviembre de 2004, utilizaban dos domicilios de Málaga y un locutorio llamado 'Gracias a Dios' como centro de operaciones para realizar este tipo de timo, para el que aportaban numerosa documentación falsificada de organismos oficiales.
Así, el relato de hechos señala que enviaban a las víctimas documentos con los que intentaban demostrar que el dinero estaba a su disposición y cuando caían en el engaño les pedían otras cantidades, que superaban los 400 euros, por nuevos conceptos como impuestos o notarías; aunque "evidentemente nunca" llegaban a ver el premio. Éstas eran enviadas por las víctimas a cuentas bancarias abiertas por los acusados con personas interpuestas.
El fiscal entiende que uno de los acusados "se prestó, actuando de testaferro" y a cambio de una cantidad de 540 euros a abrir a su nombre y a nombre de una empresa ficticia una cuenta bancaria a requerimiento de otro de los procesados, en la que le ingresaban las diversas cantidades de dinero, con "la finalidad de encubrir la ilícita procedencia del dinero obtenido". En esa cuenta se recibió un total de 12.641 euros. Además, realizó el contrato de alquiler de uno de los pisos.
Así, para los siete acusados extranjeros se solicita la pena de tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, oficiales y público; mientras que a uno de éstos y al octavo procesado se les acusa por ocultar o encubrir el origen ilícito o ayudar a eludir las consecuencias legales de sus actos, por lo que el fiscal pide para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión y multa de 40.000 euros.
Entre los efectos intervenidos en la operación se encuentran ordenadores y disquetes que contenían diversa documentación relacionada con los hechos, como modelos de los documentos falsarios y listados de ciudadanos extranjeros de países como Malasia, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Tailandia o Australia, entre otros.
El fiscal explica en su escrito que muchos extranjeros han presentado denuncia ante sus autoridades, aunque "el hecho de que residan fuera y que los casos denunciados sean tantos y tan similares, impide identificar con total seguridad que las denuncias recogidas específicamente en el procedimiento se correspondan con la actividad de estos acusados" y no con la de procesados en otras causas por hechos similares.
