MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga solicita 28 años de prisión para tres británicos a los que acusa por quedarse presuntamente a través de una empresa con 5,7 millones de euros de compradores de pisos de un proyecto inmobiliario que otra sociedad, también participada por algunos de éstos, llevaba a cabo en una urbanización de Marbella (Málaga).
El juicio está previsto que se celebre mañana lunes y el martes, así como los días 23 y 24 de este mes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y, aunque el fiscal sólo acusó a estas tres personas, que tienen vínculos familiares, aparecen acusadas en total cinco, al existir acusaciones particulares, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, en octubre de 1988, la sociedad que promovía ese proyecto, que estaba presidida entonces por uno de los acusados, siendo vocal del consejo de administración otra procesada, concertó un contrato con otra compañía, en la que participaban los tres acusados.
Según el fiscal, dicho contrato permitía a esta última empresa tener la exclusiva de ventas en Europa, con excepción de España, Portugal y Estados Unidos, de los inmuebles del proyecto que la primera sociedad llevaba a cabo en la urbanización Nueva Andalucía de Marbella, de forma que los compradores pagaban directamente a la sociedad de los tres acusados.
Aunque éstos tenían que revertir las cantidades a la empresa que promovía el proyecto, según la acusación fiscal, los tres procesados "se apoderaron de 5,7 millones de euros provenientes de los ingresos efectuados por los compradores", que pertenecía a la compañía principal, lo que produjo en ésta una situación de insolvencia que la llevó a instar suspensión de pagos en diciembre de 1990.
Asimismo, uno de los acusados, aprovechando su condición de presidente de la compañía principal, incluyó su nombre en la relación de acreedores de dicha sociedad aparentando un crédito a su favor de más de 500.000 euros según un supuesto préstamo personal que "no encuentra justificación en la contabilidad de la empresa", lo que produjo más perjuicios a los acreedores.
El ministerio público acusa a los tres del delito de apropiación indebida, por el que solicita para cada uno una pena de ocho años de prisión mayor, puesto que la calificación provisional está realizada según el Código Penal antiguo de 1973; mientras que acusa a uno de los procesados por un delito de estafa, por el que piden cuatro años de prisión menor
