BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para el ex alcalde de Cervelló (Barcelona) Josep Lluís Morant (CiU) por presuntamente aprobar por su cuenta un proyecto de compensación urbanística en un área del sector 'Can Esteve', ignorando el rechazo acordado en 1995 por la mayoría del pleno municipal.
En la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona se juzgó hoy al ex alcalde por los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación administrativa, por los que tanto la acusación particular --ejercida por el Ayuntamiento de Cervelló-- como la Fiscalía le piden también el pago de una multa de 4.320 euros.
Los hechos se remontan al 16 de enero de 1995, cuando ocho de 13 concejales votaron en contra del proyecto de compensación urbanística durante el pleno municipal. El alcalde supuestamente hizo "caso omiso" del acuerdo y dictó un decreto que aprobaba el proyecto de forma definitiva, actuación por la que el consistorio interpuso una querella en 2002.
Según las acusaciones, Josep Lluís Morant dictó el decreto alegando que se había producido un silencio administrativo positivo, ya que en tres meses no había quedado resuelto el proyecto por parte del pleno, faltando así "conscientemente a la verdad".
En dicho decreto, también se acordaba que el secretario del Ayuntamiento de Cervelló expidiese la certificación para aprobar el proyecto de urbanización del sector de 'Can Esteve', propuesto por la empresa Firmes y Hormigones, que luego fue aprobada por la Comisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat. Finalmente se le concedió la licencia para la ejecución de las obras.
Durante su declaración, el ex alcalde justificó su actuación alegando desconocía el marco legal, y aseguró que siguió las instrucciones del secretario, quien le advirtió de que si no dictaba el decreto la empresa Firmes y Hormigones podía demandarle.
Asimismo, según Morant, el secretario le aseguró que el proyecto no había sido rechazado por el pleno municipal, sino que "no se había llegado a un acuerdo", por lo que se debía presentar una nueva propuesta. Si ésta no se planteaba en los tres meses siguientes, podía considerarse la existencia de silencio administrativo positivo.
Por su parte, el ex secretario, Enric G.G., aseguró durante su declaración como testigo que se limitó a hacer su trabajo y que interpretó que no se había llegado a un acuerdo en el pleno, en vez de que se había rechazado, por lo que los concejales hubieran tenido la obligación de presentar una nueva moción para rechazarlo.
En este punto, el tribunal consideró que se podía deducir testimonio de las declaraciones del ex alcalde y del ex secretario, ya que éste también podía haber incurrido en delito. Por ello, para evitar la nulidad del juicio, la Sala permitió a Enric G.G. que no respondiera a las preguntas que le pudieran perjudicar, pese a que declaraba en calidad de testigo.
La defensa de Josep Lluís Morant, por su parte, pidió la absolución del ex alcalde y, en caso de que la Sala decida dictar una sentencia condenatoria, solicitó que tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos han tardado siete años en llegar a juicio.
