SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un hombre que responde a las iniciales JA.R.G. se enfrentará este miércoles a un juicio en el que se le acusa de estafar a un matrimonio en la venta de una finca en Hazas de Cesto en 2001, un delito por el que se pide una pena de entre seis y dos años y medio de prisión, además de una indemnización a la pareja que al menos sea igual a la cantidad que desembolsaron como anticipo para la compra del terreno.
El juicio tendrá lugar el próximo miércoles, 11 de enero, a partir de las 11.30 horas, en la sección primera de la Audiencia Provincial.
Según consta en las calificaciones de Fiscalía y Acusación particular, JA.R.G. trabajaba como apoderado de la sociedad LETT S.L. y vendió al matrimonio formado por JA.B.F. y A.R.E. una finca en la urbanización 'La Moraleja', ubicada en Hazas de Cesto, a sabiendas de que no era de su propiedad.
El precio de la venta se fijó en 22 millones más IVA y los compradores adelantaron 39.661,81 euros, para los que pidieron un préstamo a una entidad bancaria por el que abonaron, en concepto de intereses, la cantidad de 4.725,61 euros.
Ante la paralización de las obras de construcción de la urbanización donde supuestamente iba a construirse su vivienda, el matrimonio comenzó a investigar y averiguó que la parcela y la vivienda que se les había vendido nunca había sido propiedad de la sociedad LETT S.L.
Por estos hechos, la Fiscalía pide dos años y medio de prisión, además del pago de una indemnización a los afectados de 39.661 euros más la cantidad en que se acrediten los perjuicios sufridos.
La Acusación particular, por otro lado, pide seis años de prisión, multa de 108.000 euros, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o industria relacionada directa o indirectamente con la promoción, venta o construcción de inmuebles, además de la indemnización a la pareja por lo que abonaron y los intereses que ha supuesto el crédito.
Alternativamente, pide que JA.R.G. sea condenado a cuatro años de prisión, inhabilitación para desempeñar cualquier trabajo relacionado con el sector de la construcción y la indemnización al matrimonio de 39.666,88 euros, además del importe al que ascienden los intereses del crédito que solicitaron al banco para pagar la finca.
Por su parte, la Defensa asegura que el acusado no intervino en los hechos de la manera en la que apuntan la Fiscalía y la Acusación particular y que, por ello, no es culpable del delito que se le imputa, por lo que pide su libre absolución.
