El anteproyecto obliga a los jueces a motivar las prórrogas sin establecer un límite máximo y no prevé la doble instancia para aforados
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal deja abierto los plazos para instruir 'macrocasos' de corrupción, con la novedad de que el juez tenga que motivar las causas justificadas que le llevan a aumentar el límite de 18 meses, ampliable a 36 meses y con posibilidad de incluir sucesivas prórrogas sin fijar un máximo.
Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, la fijación de seis meses para instruir causas ordinarias y de 18 meses, prorrogables, para procedimientos más complejos envía un mensaje "cultural" y de "compromiso" a la opinión pública, pero no acarrea dificultades para los magistrados en su actividad diaria. De esta forma, el juez podrá, de oficio o a instancias del fiscal, exponer las razones por las que prorroga estos plazos, que no contemplan aun un punto máximo.
Sí incorpora un límite de dos años la interceptación de las comunicaciones, mientras que no se toca la prisión preventiva, que actualmente se puede extender a los cuatro años. De todos modos, el Minsterio aclarará la regulación de la instrucción, por ejemplo en lo concerniente a los recursos que puedan interponer las defensas contra los límites acordados por los jueces.
Los delitos, por ejemplo los que afecten a una misma persona o lleven aparejado blanqueo de capitales, se seguirán considerando conexos y podrán tramitarse en una única causa, salvo que haya algún inconveniente por la excesiva complejidad o dilación de la acumulación.
PRINCIPAL NOVEDAD, LA MOTIVACIÓN DE LAS PRÓRROGAS
Casos como 'Gürtel' o 'Bankia' son un claro ejemplo de investigaciones prolongadas en el tiempo, en las que se investigan ilícitos conexos y en las que, con la nueva regulación, el juez tendría que motivar por qué prorroga la investigación. En muchas ocasiones, la demora no es causa del instructor, sino que se debe a lo que tarden en llegar los resultados a las diligencias que ordena, como pruebas de ADN o comisiones rogatorias al extranjero.
Justicia confía en que la prolongación de los tiempos "con el tiempo pase a ser la excepción" y juzgados más pequeños cumplan con los límites inicialmente previstos. En este sentido, contextualizan el cambio de nombre del 'imputado' al explicar que reciben reclamaciones de personas que han estado imputadas durante seis o siete años y sus casos han sido después archivados. "Se está estudiando si tienen derecho a reclamar", han dicho.
En este contexto, ha vuelto a constituir la comisión del lenguaje jurídico, con la asistencia de procuradores, abogados o lingüistas, para estudiar el término imputado y su carga peyorativa. Valoran pedir la colaboración de expertos o periodistas para esta tarea.
En cuanto a la regulación de las nuevas medidas de investigación -muchas en el ámbito de las nuevas tecnologías--, las fuentes consultadas reconocen que ha "habido tensión" con el Ministerio del Interior ya que Justicia pone el énfasis en la seguridad jurídica, e Interior en la eficacia de las herramientas de investigación.
"Hemos alcanzado un punto donde se detallan todas las posibilidades con garantías", dicen, para añadir que solucionará casos como el de 'caso Asunta' donde se anularon las conversaciones grabadas a sus padres en los calabozos por la ausencia de una norma que lo contemplara.
El Ministerio también defiende las garantías que prevé el artículo que permite grabar a una persona que no es sospechosa en la vía pública, al ser preguntado si ello puede vulnerar su derecho a la intimidad. Otra novedad del texto es la posibilidad de prohibir que el detenido incomunicado se entreviste con su abogado.
Finalmente, el Ministerio reconoce que no ha previsto una doble instancia penal para revisar las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo para los aforados.
El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal dispondrán ahora de un mes para informar, tras lo cual el Consejo de Estado dispondrá de quince días para emitir su dictamen. Justicia confía en presentar el proyecto de ley en febrero al Consejo de Ministros.
