También plantea retirar las condecoraciones a los policías y guardias civiles condenados por torturas
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una moción del PNV que persigue que el Gobierno repare a las víctimas de torturas en el contexto de lucha contra el terrorismo de ETA y, con su pretexto, en el periodo comprendido entre 1978 y 2017, y que, además, retire condecoraciones a policías y guardias civiles condenados por estas vulneraciones de los Derechos Humanos.
Así lo recogen los nacionalistas vascos en la moción que han registrado en la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que su portavoz de Interior, Mikel Legarda, dirigió la semana pasada al ministro de ramo, Fernando Grande Marlaska.
"EL ESTADO LES HA IGNORADO SISTEMÁTICAMENTE"
El PNV considera que ha llegado el momento de "abrir una senda de verdad, justicia y reparación" para las víctimas de torturas y malos tratos a las que, a su juicio, "el Estado ha ignorado sistemáticamente".
Y es que, según argumenta, a lo largo de las últimas décadas distintos organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, así como los Relatores Especiales de Naciones Unidas contra la Tortura, han constatado que "no se ha efectuado una investigación efectiva" acorde con los estándares internacionales.
En su iniciativa, el grupo que capitanea Aitor Esteban señala que "este necesario reconocimiento no debe llevar a comparaciones ni equiparaciones, ni a contextualizaciones de ningún tipo, ni tampoco a justificar la violencia terrorista desde la óptica de la asunción de la existencia de abusos policiales".
ALGUNOS SE HAN QUEDADO SIN COBERTURA LEGAL
Y añade que "más allá de las víctimas de ETA, las víctimas de signo opuesto", singularmente en la década de los 70 y 80, "han quedado sin cobertura en la legislación actual y sin el reconocimiento que la normalización y la convivencia reclama ofrecerles".
Así las cosas, el PNV insta al Gobierno a redactar un informe que reconozca y repare "a las víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes" en los que hubieran podido participar o bien personal funcionario de servicio o fuera de él en los años de lucha contra ETA, "sin que sea preciso establecer relación de culpabilidad con el victimario".
Además, quiere que el Ejecutivo retire cualquier condecoración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado así como a cualquier funcionario o ex funcionario público condenado este tipo de prácticas.
