Fiscal y acusación particular solicitan para los dos acusados penas que suman más de 70 y 102 años de cárcel, respectivamente
VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Palacio de la Audiencia Provincial de Valladolid amanecerá este lunes 'tomado' por la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad al iniciarse el juicio por el tiroteo entre los 'Miguelones' y 'Monchines' ocurrido el 15 de junio de 2004 en Valladolid capital, a resultas del cual falleció una persona del segundo de ambos clanes y otras cuatro del mismo resultaron heridas.
Será la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana la encargada de enjuiciar a los dos acusados, los hermanos Miguel ('Pitu') y Manuel J.G, de 19 y 23 años, respectivamente, integrantes de la familia de los 'Miguelones', quienes ocuparán banquillo desde el lunes y, en principio, hasta el día 16, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Durante el proceso se espera que el Palacio de la Audiencia provincial, tanto los pasillos anexos a la Sala como esta misma, y las calles adyacentes al edificio judicial cuenten con un importante dispositivo de seguridad con el fin de evitar cualquier posible incidente entre familiares de los dos clanes enfrentados, especialmente los dos primeros días cuando coincidan acusados, víctimas y familiares de ambos bandos.
Los dos procesados se enfrentan a un conjunto de penas que suman 70 y 102 años de cárcel, tal y como, respectivamente, solicitan el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que, por este mismo orden, piden indemnizaciones por valor de 336.000 y 500.000 euros.
La acusación pública entiende que los dos imputados son autores de un delito de homicidio, otras tres tentativas de homicidio, una falta de lesiones y otro delito de tenencia ilícita de armas y solicita para cada uno de los hermanos 35 años y dos meses de cárcel.
DISCREPANCIA ENTRE HOMICIDIO O ASESINATO
La variación entre la postura de la acusación pública y la particular estriba en que esta última entiende que tanto la muerte de uno de los 'Monchines' como las lesiones sufridas por otros tres no se encuadran en el tipo delictivo del homicidio o tentativa de homicidio sino en el de asesinato y tentativa de asesinato, de ahí que las penas que interesa para cada uno se eleven a 51 años de cárcel.
El origen de la reyerta son los problemas existentes entre la pareja formada por Miguel J.G. ('Pitu') y su esposa, Aroa R.C, de 16 años, embarazada por aquel entonces e hija de Salvador R.L. ('Negro').
En ese contexto se produjo un incidente en la calle Faisán, donde había un grupo de familiares de Aroa. Miguel y Manuel J.G, según sostienen los acusadores, se acercaron empuñando cada uno de ellos una pistola (las dos de 9 milímetros y sin licencia, una de la marca Star y otra Walter) y efectuaron múltiples disparos a corta o media distancia sobre el grupo alcanzando a sus miembros.
Fruto de los disparos, resultaron heridos de gravedad Raúl R.L, Diego R.L. y Salvador R.C. (hermano de Aroa y apodado 'Caín'), mientras que Alonso B.A.A. sufrió heridas menos graves y Manuel R.M. falleció al día siguiente tras recibir un disparo en el cuello.
GARCIA MONTES, DEFENSOR
El letrado de la defensa, sin embargo, solicita una sentencia absolutoria para ambos hermanos ya que entiende que el menor de ambos, el 'Pitu', se vio obligado a disparar cuando un grupo de integrantes de la familia rival le salieron al paso armados con pistolas y navajas.
Con carácter subsidiario, en caso se sentencia condenatoria, el defensor pide una pena de 7 años de cárcel para el citado joven por un delito de homicidio y tres delitos de lesiones.
La defensa de los dos únicos imputados ha pasado por distintas vicisitudes, ya que en principio de la misma se hizo cargo el polémico Emilio Rodríguez Menéndez, si bien la delicada situación de éste, que fue condenado a 2 años de cárcel por el montaje contra el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y se fugó a Buenos Aires (Argentina), motivó un cambio en la representación de ambos 'Miguelones' y a que de ella se ocupara finalmente el también conocido letrado madrileño Marcos García Montes.
Dicho abogado es el mismo que ha intervenido en casos de relieve nacional e internacional como los de Rocío Wanninkhof, Filesa, Rumasa, Juan Guerra, los fondos reservados, Urquijo, Expo, CESID, Paesa, Ibercorp, Sarasola y 'Operación Nécora', entre otros.
