Mantiene su negativa a que los políticos deban cesar cuando son imputados y a publicar las citas de altos cargos con 'lobbies'
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP ha comunicado este jueves a los grupos de la oposición que no tiene intención de incluir en el proyecto de ley que regula el ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado las enmiendas que algunos de ellos han presentado para reducir el número de aforados o limitar la concesión de indultos.
Así se lo ha hecho saber el grupo mayoritario a los diputados de PSOE, CiU, IU-ICV y UPyD que forman parte de la ponencia que tramita el citado proyecto de ley, que ha celebrado este jueves en el Congreso su segunda reunión.
Según han informado varios de los asistentes, la ponencia aún no ha empezado el análisis concreto de las enmiendas registradas por los grupos, sino que el encuentro ha servido para determinar los aspectos que tendrán o no cabida en la nueva ley que afectará sólo a los altos cargos de la Administración General del Estado y no a los del ámbito autonómico o local.
Así, el PP ya ha dejado claro que no tiene intención de utilizar este proyecto para introducir novedades legislativas sobre los indultos --algunos grupos han pedido que no se puedan conceder a los condenados por corrupción-- ni tampoco sobre la reducción del número de aforados.
No obstante, desde el partido mayoritario no descartan que estos asuntos puedan introducirse en otras leyes que ya se estén tramitando o incluso en algún proyecto que pueda aprobar el Consejo de Ministros.
Eso sí, sobre los indultos el PP se ha limitado a plantear una enmienda al Código Penal para obligar a algún representante del Ministerio de Justicia a informar cada seis meses al Congreso sobre la aplicación de la medida de gracia.
Y sobre los aforamientos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sólo ha apuntado la posibilidad de que los cambios sobre aforados puedan concretarse en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya tramitación no está garantizada dado que quedan escasos meses útiles para aprobara en las Cortes.
Igualmente, los 'populares' han adelantado su rechazo a la demanda de que los altos cargos de la administración general tengan que hacer públicas en sus agendas las reuniones que mantienen con representantes de grupos de presión o 'lobbies', como han planteado Izquierda Plural y UPyD. De momento, el PP sólo ha ofrecido crear un registro pero limitado al Congreso, no a otras instituciones.
CESE CUANDO SE ABRA JUICIO ORAL Y NO ANTES
Y también han dejado claro que no piensan modificar su propuesta de que los altos cargos tengan que ser cesados si se abre juicio oral contra ellos y que, por tanto, dirán no a la demanda de que el cese se produzca en cuanto sean imputados que han puesto sobre IU-ICV y la formación magenta.
La ponencia que tramita la nueva ley relativa a los altos cargos volverá a reunirse el próximo lunes y, ya después del paréntesis navideño, mantendrá otro encuentro el 9 de enero. El debate abierto sobre las enmiendas se celebrará en la Comisión Constitucional el 12 o el 13 de enero y el proyecto se aprobará en el Pleno extraordinario que el Congreso prevé celebrar el 20 y 21 de enero.
Tras la reunión de este jueves tanto UPyD como Izquierda Plural se han quejado de la actitud mostrada por el PP. Así, el ponente de IU-ICV, Joan Josep Nuet, ha denunciado a Europa Press que el grupo mayoritario no sea capaz de concretar en qué textos legales podrían incluirse los asuntos sobre indultos y aforamientos que no quieren introducir en esta norma.
En la misma línea, desde UPyD su ponente, Carlos Martínez Gorriarán, ha acusado al Ejecutivo de pretender "trocear" en distintas leyes todos los asuntos relacionados con la corrupción cuando, desde su punto de vista, muchos de estos temas como la regulación de los 'lobbies' tendrían que haber quedado resueltos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
