MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha decidido crear 14 grupos de trabajo para la Convención que celebrará los días 3, 4 y 5 de marzo en Madrid y en la que se abordarán, entre otras cuestiones, las "consecuencias" de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Cataluña.
En un documento interno donde se recogen las bases temáticas del cónclave, al que tuvo acceso Europa Press, se especifica que los 'populares' crearán grupos de trabajo bajo los siguientes eslóganes: 'Cuidar lo que nos une'; 'el español en España y en el mundo'; 'la educación española ante el reto europeo'; 'la dependencia en el modelo social europeo'; 'horarios y conciliación'; 'inmigrantes: los nuevos vecinos'; 'hacia la cultura del conocimiento'; 'la lucha global contra la pobreza'; 'cambios estructurales para el éxito en el mundo global'; 'la energía en el siglo XXI'; 'el hombre en la naturaleza, uso sostenible de recursos'; 'valores de una sociedad libre'; 'libertad y seguridad: dos caras de la misma moneda' y 'una España fuerte en una Europa solidaria'.
CONSECUENCIAS DE APROBAR EL ESTATUT
Así, las organizaciones territoriales del partido ya están recogiendo aportaciones de sus afiliados para hacerlas llegar a los responsables de cada grupo --que contará con un director, un relator y panelistas independientes-- siguiendo unos criterios de argumentación básicos que les han sido remitidos desde 'Génova'.
En lo que concierne a los ejes para el grupo que se ocupara del modelo de Estado ('cuidar lo que nos une'), desde el PP se apunta que la Constitución de 1978 estableció un modelo de articulación territorial del poder político "que ha convertido a España en 27 años en uno de los Estados más descentralizados del mundo, tanto por el volumen de competencias como por los recursos económicos y personales que gestionan las comunidades autónoma".
"Sin duda, el desarrollo de este modelo ha dado grandes frutos y está en la base de la larga etapa de consolidación política y crecimiento económico que hemos vivido --adujo--. Durante esta legislatura están tomando cuerpo iniciativas que, prescindiendo de los Estatutos de Autonomía inicialmente aprobados, pretenden aprobar nuevos textos que alterarían profundamente nuestro modelo de Estado. Éste es el caso de las propuestas que han llegado de los parlamentos del País Vasco y Cataluña".
En el citado documento, el PP saca a colación además que está planteada una reforma constitucional para la que se ha pedido un informe al Consejo de Estado, órgano consultivo que aboga por "introducir reformas constitucionales que clarifiquen las competencias del Estado, refuercen los principios de igualdad y solidaridad y fortalezcan las mayorías parlamentarias necesarias para la aprobación de las futuras reformas estatutarias".
Tras hacer hincapié en que éste es un momento "clave" para el futuro de España, se demanda al grupo de debate que trabaje sobre las siguientes preguntas: "¿Cuáles serían para España las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Cataluña?; ¿cuáles serían las consecuencias de la generalización del modelo plasmado en el Estatuto catalán?; ¿es posible asegurar la viabilidad del Estado resultante?".
"Ante estas preocupaciones, debatiremos en torno a la necesidad de introducir reformas en nuestro modelo constitucional del Estado y cuál debería ser el sentido de éstas --prosiguen--. Y someteremos a debate la necesidad de reforzar nuestras instituciones democráticas, su independencia y neutralidad a la hora de proteger nuestro Estado de Derecho".
EL ESPAÑOL Y LA EDUCACIÓN
En lo que respecta al español, se insiste en la "preocupación" del partido al observar que ciertas formaciones políticas promueven el conocimiento obligatorio de estos idiomas, "convirtiendo en una obligación lo que constitucionalmente es un derecho y haciendo así de la lengua un factor de discriminación y no de entendimiento".
Por ello, se pide a los integrantes de ese grupo de debate que analicen la repercusión de esta cuestión en el mercado laboral, en las Administraciones y empresas, así como la "oportunidad" de promover la convivencia lingüística y el derecho de todos a usar su propia lengua. Además, tendrán que enfrentar la situación del español en el ámbito internacional y sus posibilidades de expansión como factor de presencia de España en el mundo.
En el área de Educación, el PP pide conclusiones bajo los interrogantes: "¿Hacia dónde tienen que dirigirse las nuevas titulaciones?; ¿es preciso adaptar la universidad española a los parámetros exigidos por Bolonia como requisito indispensable para intensificar la relación entre universidad-empresa?; ¿debe perder la universidad española su espíritu académico a favor de planteamientos más prácticos?".
DEPENDENCIA, CONCILIACIÓN E INMIGRANTES
En el tema de Dependencia, los 'populares' aprovecharán su Convención para reflexionar sobre si es "sostenible" el modelo social europeo en su configuración actual; cuáles son los servicios a los que deberían tener derecho las personas dependientes y sus familias; en qué medida la atención socio-sanitaria va a estar incluida entre estos servicios; cómo se va a hacer frente a los gastos que se generarán o cómo cubrirán los Presupuestos Generales del Estado la atención a las personas dependientes.
"¿Cómo van a cooperar entre sí las distintas Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos)?; ¿cómo se garantizará la igualdad de todos los españoles que, por causas vinculadas a una discapacidad o a su edad, necesiten apoyo y ayudas?", señalan.
El PP demanda también a los integrantes de los grupos de trabajo propuestas sobre reformas laborales para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar y debate sobre si las competencias en inmigración deben tener carácter regional, nacional o europeo.
SEGURIDAD Y SOCIEDAD LIBRE
El documento-base que han elaborado los 'populares' para preparar su Convención, recogido por Europa Press, se refiere además a la seguridad: "Queremos examinar a fondo los remedios, todas las posibilidades sociales y jurídicas para cerrar los espacios al terror y el crimen, lo que resulta preciso hacer para generar prevención y reacción a gran escala y la cooperación internacional que debe desarrollarse para generar de verdad políticas internacionales efectivas contra el terror y el crimen".
"Pero queremos también explicitar los límites --determinan--, a sabiendas de que lo que persiguen los criminales es precisamente liquidar el marco de derechos y libertades que dan sentido y legitimidad a nuestras sociedades democráticas y libres".
También se establece en el escrito que España necesita "fortalecer" sus valores cívicos de acuerdo con las prioridades de las personas, "sin que los Gobiernos rompan los consensos básicos" o sustituyan los principios por "la propaganda del interés particular" o fomenten "la discrepancia y la discordia o construyan una agenda de prioridades ajena al bienestar y al progreso general".
Dicho esto, recalcan que quieren lanzar en la Convención un mensaje de "fortaleza cívica y de confianza y compromiso" con los valores. "Queremos que los valores permitan cohesionar una sociedad libre, plural, unida y ambiciosa. Y queremos traducir ese compromiso en un programa de acción, para una sociedad dinámica en la que el mérito, el esfuerzo y el civismo sean estimulados y reconocidos", enfatizan.
