MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un informe que ha realizado el Partido Popular sobre las "actuaciones polémicas" de la Fiscalía General del Estado en relación con ETA denuncia que el Ministerio Público que dirige Cándido Conde-Pumpido ha rebajado peticiones de pena o de fianza en doce ocasiones desde que se inició el alto el fuego de la banda terrorista ETA.
Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, relata los casos el de Arnaldo Otegi, en el que la Fiscalía cambió de criterio en dos ocasiones. Así, explican que diez días antes de la declaración del alto el fuego permanente, el fiscal pedía para el líder de Batasuna la prisión incondicional como inductor de los desórdenes producidos por la huelga del 9 de marzo en el País Vasco y Navarra.
Sin embargo, precisan que, una vez declarada la tregua, el fiscal cambió su criterio y solicitó la prisión eludible bajo fianza. Pero este no fue el único cambio de criterio, el 20 de octubre, la Fiscalía rebajó esta fianza, que había sido de 650.000 euros, por otra de 200.000. Una petición que el juez Garzón asumió y fijó finalmente en 50.000 euros.
El tercer episodio polémico que relata el PP en su informe es el del juicio contra Iñaki Bilbao, por amenazas al juez Garzón, que tuvo lugar en septiembre de 2006. En este caso, la Fiscalía rebajó la petición de pena de 12 a 2 años.
Los cambios de petición de pena para Iñaki de Juana Chaos también han sido recogidos en el informe del PP. Señalan que al día siguiente de ser comunicada la decisión del preso de abandonar la huelga de hambre que había iniciado, la Fiscalía comunicó que estudiaba rebajar su petición de pena de 96 años de prisión a 6 años.
EL CASO "DE JUANA"
El ministerio público argumentó que eran "desproporcionadas" las peticiones de penas que se habían incluido en el escrito de acusación de hacía cinco meses. Finalmente, la Audiencia le condenó a 12 años y 7 meses y tras la sentencia, De Juana ha vuelto a iniciar la huelga de hambre lo que, a juicio del PP, "demuestra la existencia del pacto con el Gobierno".
La Fiscalía también ha cambiado el criterio en el caso de las herriko tabernas. A pesar de los informes de la Agencia Tributaria que la vinculan con el entramado económico de ETA, el fiscal se opuso a que el Tribunal Supremo adoptara cualquier medida cautelar contra éstas --como el embargo y clausura en el procedimiento de liquidación de bienes tras la ilegalización de Batasuna-- alegando que no existen pruebas suficientes de su vinculación con el partido ilegalizado.
Los populares incluyen, además, la rebaja de pena en la condena a los dos colaboradores de ETA por el atentado contra el ahora diputado del PP Eduardo Madina. Sobre esta cuestión afirman que la Fiscalía no sustanció en el juicio la acusación formal de Olabarrieta y Aztiria por colaboración con banda armada, limitándose a probar la acusación por encubrimiento.
Recuerdan que en la sentencia, los magistrados afirman que se han visto "abocados" a condenar por encubrimiento a los dos anteriores pese a que "no hay dudas" de que ambos cometieron un delito de colaboración con ETA. No obstante y, para salvar el defecto de actuación de la Fiscalía y pese a que ésta solicitó sólo un año y medio de prisión, el tribunal les condena a tres años por entender que es la condena más cercana a la pena justa y proporcional a la gravedad de los hechos, "una vez excluida la colaboración con banda armada, por motivos técnicos".
ABSOLUCION DE UN ACUSADO DE SECUESTO
El informe del PP relata también la absolución del etarra Vicario Setién en el juicio por el secuestro del empresario José María Aldaya. Explican que, a pesar de estar relacionado por otros dos etarras ya condenados, fue absuelto por no aportar ni el fiscal, ni la AVT, en el juicio una prueba pericial --una muestra de ADN en una cuchilla de afeitar encontrada en la nave donde se hallaba el zulo-- que le relacionaba directamente con los hechos.
La suspensión del juicio contra 15 jóvenes acusados de recopilar información sobre objetivos que ofrecían a la dirección de ETA en Francia ha sido incluido en este informe del PP, en el que recuerdan que se suspendió por la ausencia del principal acusado, declaración en rebeldía en el escrito de acusación de la Fiscalía, Juan Carlos Subijana Izquierdo, a pesar de que fue detenido por Francia en junio de 2004 y cumple prisión desde noviembre de 2005.
Finalmente, aportan otras tres actuaciones: una del pasado uno de junio, cuando ocho presuntos colaboradores de cinco comandos etarras vieron rebajada la solicitud de pena de 136 años a 61 mediante sentencia de conformidad; otra del 6 de julio, cuando la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional condenó a 6 años de cárcel al etarra Josu Alvarez Pérez y a dos años a Oscar Elejaga, Javier Ganuza y Amaia Ibarra, que ayudaron a huir a Francia a varios etarras, después de que el fiscal rebajara sus peticiones de pena de 8 a 6 años, en el primer caso y de 6 a 2, en el resto y aportan otro caso del 4 de octubre, cuando la fiscalía pasó de pedir 11 años de cárcel a una multa de 3.000 euros para Jon Markel Ormazabal, acusado de 3 actos de violencia callejera y también, pasó de reclamar 7 años para Gaizka Arcelus a retirar la acusación por "falta de pruebas".
A estas se suman la decisión de la Fiscalía de no formular acusación contra el periódico Egunkaria, un año después de haber pedido el procesamiento de los directivos del diario por integración en ETA. En su argumentación, el fiscal afirma ahora que no ha quedado acreditado que Egunkaria, sucesor de Egin, haya servido para financiar a ETA o blanquear capitales procedentes de la banda terrorista.
