El Senado vota mañana la reforma del artículo 324 de la LECrim, que será aprobada definitivamente para su entrada en vigor
MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP ha mantenido este martes en el Pleno del Senado su oposición a la reforma del artículo 324 de la Ley Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para ampliar de seis a 12 meses los plazos de instrucción de las causas penales al considerar que es una "cortina de humo" del Gobierno "para esconder otras cuestiones".
Así lo ha dicho el senador Fernando de Rosa en el debate sobre la modificación de este artículo, que se votará mañana y que, según han adelantado los distintos portavoces parlamentarios, se aprobará definitivamente para su entrada en vigor.
El 'popular' ha cuestionado la urgencia con la que se ha tramitado la proposición de ley remitida a primeros del mes de julio por el Congreso de los Diputados al considerar que "los problemas están en otro lado". En su opinión, la Cámara Alta debería estar debatiendo soluciones para agilizar la Justicia tras la pandemia y no "un artículo".
Asimismo, ha enfatizado que no entiende el motivo por el que se quiere modificar este artículo cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha anunciado que elevará a finales de este año la reforma de la LECrim, por la que se pretende otorgar la dirección de las instrucciones de las causas penales a los fiscales. "¿Es que no se fían del ministro?", ha preguntado De Rosa a la bancada socialista.
A su juicio, la modificación del precepto es contrario al proyecto del titular de Justicia puesto que hace perdurar "el principio inquisitivo, que no inquisitorio" de los jueces instructores para que sigan dirigiendo las investigaciones. Por ello, el PP ha presentado una propuesta de veto al considerar que la reforma del artículo 324 tendrá "tres meses de vida" y será necesaria adecuarlo a la nueva LECrim que se apruebe.
Durante su intervención en el debate, el senador del PP ha reiterado lo que ya dijo la semana pasada en la Comisión de Justicia: que la reforma tiene "falta de oportunidad y de técnica jurídica" y responde a una "cuestión política".
NULIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS
Sobre esto último, De Rosa ha asegurado que ve en la modificación del artículo 324 de la LECrim una "cortina de humo para esconder otras cuestiones". Según ha dicho "parece" una reforma "ad hominem" que busca la "nulidad" de procedimientos abiertos, por lo que ha pedido que se elimine la disposición transitoria incluida en el texto que señala que la modificación "será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente Ley".
"¿Por qué tiene efectos retroactivos?", ha preguntado el senador, que ha insinuado que ello responde al objetivo de "provocar la nulidad de muchos procedimientos de corrupción que afecta" al PSOE.
Con todo ello, el 'popular' ha criticado que los socialistas hayan reprochado al PP durante este tiempo que la reforma que se hizo en 2015, en la que se establecieron los plazos máximos de instrucción en seis meses con carácter general y en 18 meses para los casos declarados expresamente complejos, buscara la "impunidad" de los dirigentes del PP que se veían implicados en casos de corrupción.
Por su parte, el senador del PSOE Francisco Manuel Fajardo y el portavoz socialista de Justicia en el Senado, Txema Oleaga, han defendido la proposición de ley diferenciándola de la reforma del PP, aún vigente.
CONSENSO PARA LA REFORMA
Han subrayado que mientras que el PP impuso los plazos de instrucción con "la mayoría absoluta, pero en absoluta soledad" y con la oposición de las asociaciones de jueces y fiscales, del Consejo Fiscal y del Consejo General de la Abogacía, ahora han sido consensuados por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Por ello, el senador Fajardo ha indicado que se eliminará la obligación de declarar las causas complejas para poder ser prorrogadas si el juez, de oficio o a instancia de alguna parte, lo considera oportuno. Unas ampliaciones que serán por periodos iguales o inferiores a seis meses.
Sin embargo, el PP no comparte tampoco este extremo, por lo que ha presentado una enmienda para que se mantenga el concepto de complejidad, algo que será rechazado por el resto de grupos parlamentarios, según han anunciado durante sus intervenciones.
Fajardo también ha indicado que la reforma del artículo 324 puede ser la "primera piedra" para modificar la "decimonónica" Ley de Enjuiciamiento Criminal y para "conseguir un gran pacto de Estado para la Justicia". Por ello, ha invitado al PP, a quien ha recordado que en 2017 provocó que la tramitación de esta proposición de ley "caducara" al impulsar más de 60 enmiendas de prórrogas, a que se sume a esta iniciativa: "Sólo hace falta voluntad y decisión", ha dicho.
El senador socialista también se ha referido a la acusación sobre que se está "legislando 'ad hominem'" y ha concedido a los 'populares' el "beneficio de la duda" al respecto. Pero ha añadido que la "credibilidad" del PP tuvo "muy mala suerte" con archivo de causas que afectaban a altos cargos del PP, como el 'caso Pasarelas' en el que se encontraba imputado el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.
En cuanto al resto de grupos parlamentarios, salvo VOX --que también se ha mostrado en contra de la modificación legal--, han manifestado su posición a favor de reformar el mencionado artículo al entender que es necesario ampliar el límite temporal instaurado por el PP, ya que ha generado "impunidad".
FALTA DE MEDIOS
El senador de Compromís Carles Mulet ha llegado a calificar la reforma del PP de "chapuza" por reducir los plazos topes sin dotar la Justicia de medios. De hecho, ha llegado a reprender al PP por ir al Pleno a "quejarse de que los juzgados están colapsados" cuando, según ha dicho, "fueron los primeros que hicieron recortes en Justicia".
Otros partidos como Ciudadanos, PNV, ERC o el Partido Aragonés también han centrado parte de sus intervenciones en la falta de recursos y medios.
Por último, el senador de VOX Jacobo González-Robatto también se ha mostrado contrario a la reforma de los plazos máximos, pero a diferencia del PP, ha abogado por su eliminación. El partido de Santiago Abascal ha presentado una enmienda para que sean los propios jueces de instrucción los que deben acordar el cierre de las investigaciones cuando "entienda conseguida su finalidad" y todo ello "al margen de la injerencia política" y de los "intereses políticos".
