MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha anunciado que está dispuesto a usar todos los medios políticos y jurídicos que estén a su alcance para tratar de evitar que una organización 'heredera' de Batasuna pueda cometer "fraude de ley" e intente inscribirse en el registro del Ministerio de Interior, a fin de presentarse a las próximas elecciones municipales. Según explicaron a Europa Press fuentes 'populares', no se descarta usar el Senado --donde son el Grupo mayoritario-- para instar al Gobierno a pedir una futura ilegalización.
De hecho, el artículo 11.1 de la Ley de Partidos Políticos vigente desde 2002 apunta que están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución el Gobierno y el Ministerio Fiscal.
No obstante, añade que el Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Ejecutivo "que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros", atendiendo a las causas de ilegalización recogidas en dicha norma.
Los 'populares' estudian ya las vías jurídicas por las que podrían hacer frente a la aparición de una formación 'heredera' de Batasuna, después de que, ayer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechase una conversación informal con periodistas para señalar que esa situación debería producirse "antes" de los comicios de 2007; que el "ordenamiento jurídico y la jurisprudencia no pueden llevar a una contradicción insalvable" y que si se crea una nueva fuerza política con nuevos objetivos no parece que pueda verse afectada "por las consecuencias de una ilegalización penal".
Batasuna mantiene suspendidas sus actividades en virtud de un procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, en el que están procesados la mayoría de sus dirigentes.
Además, esta misma organización fue ilegalizada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo en cumplimiento de la nueva Ley de Partidos Políticos que establece que un partido dejará de ser legal si da apoyo "expreso o tácito" a la violencia, "legitima" las acciones terroristas o "exculpa o minimiza" la violación de derechos fundamentales.
Dicha norma considera también motivos de ilegalización el acompañar la acción violenta con "una cultura de enfrentamiento y confrontación civil" ligada a la actividad de los terroristas, así como incluir en sus listas electorales personas condenadas por delito de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas o permitir la "doble militancia".
Se añadió en la Ley que el utilizar instrumentos, símbolos o mensajes que representen o se identifiquen con el terrorismo o ceder, en favor de los terroristas, los derechos y prerrogativas que la legislación electoral concede a los partidos será motivo de disolución, al igual que el colaborar con "entidades o grupos que de forma sistemática" trabajan de acuerdo con grupo terrorista o le amparan, apoyan o favorecen desde las instituciones y promueven y participan en homenajes, entre otras cosas.
PERSONARSE EN CAUSA O DENUNCIAR PROCESO
En este contexto, los 'populares' avisan de que tienen la posibilidad de personarse en una causa penal o denunciar un proceso, además de intentar utilizar el Senado para instar al Gobierno a que pida la ilegalización de un partido político si lo creen "claramente" vinculado a la 'izquierda abertzale'.
En cualquier caso, el principal partido de la oposición dice estar "seguro" de que la Sala especial del Tribunal Supremo (la que decidió ilegalizar a Batasuna en 2003) actuaría de oficio si se detectase el registro de una organización que intentase un "fraude de ley".
El PP, si llega esa situación, asegura que "hará lo posible, desde la acción política, para poner en la mano de quien corresponda, de los tribunales, esa situación".
