MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere que el Gobierno remita al Congreso un proyecto de ley en el que se regule, con carácter general, el marco jurídico en el que deben desarrollarse los convenios de colaboración que realiza la Administración General del Estado con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado.
Con el objetivo de instar al Ejecutivo a aprobar esta nueva regulación en un plazo de tres meses, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press. La propuesta de los 'populares' es que este proyecto afecte también a todos los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.
PETICIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
La intención del primer partido de la oposición es que el Gobierno plasme en esa futura norma las recomendaciones que sobre esta cuestión realizó el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización que aprobó el año pasado relativo a los convenios suscritos por los ministerios de Fomento y Sanidad y Consumo entre 2004 y 2005.
Haciéndose eco de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, el PP argumenta que los convenios de colaboración de la Administración General del Estado con personas físicas o jurídicas, a diferencia de los realizados por las comunidades autónomas, carecen de una normativa de carácter general.
Destaca, en concreto, que no están suficientemente reguladas aquellas materias que se refieren al concepto del convenio, su contenido, su registro o aspectos procedimentales del mismo. "Los convenios han venido siendo excluidos de la diferente legislación en materia de contratación pública", señala el PP.
CONVENIOS QUE SE CONFUNDEN CON CONTRATOS
Los 'populares' recuerdan que también el Tribunal Supremo sostiene que, aunque la doctrina administrativa establece la diferencia entre el contrato administrativo, en base a la contraposición de intereses y al intercambio de intereses patrimoniales, y el convenio de colaboración, como una fórmula que vincula para la consecución de un interés común, "la problemática relativa a los convenios de colaboración sigue persistiendo".
El Tribunal de Cuentas recordó en su informe de 2008 que ese "criterio delimitador" entre los contratos y los convenios "no ha sido asumido en ninguna norma legal" y advirtió de que "no todas las partes coinciden en restringir la figura del contrato a un negocio jurídico bilateral de intercambio de prestaciones patrimoniales, ni consideran que únicamente existe contrato cuando se dan intereses contrapuestos, de manera que el convenio entraría dentro de la categoría de contrato".
En este contexto, el PP añade que, si bien es cierto que las circunstancias específicas que rodean a la celebración de determinados convenios pueden predeterminar la entidad con la que se suscribe, "no lo es menos que, por regla general, no se promueve la concurrencia de terceros ante la inexistencia de regulación específica que obligue a la aplicación de principios de publicidad y concurrencia que rige en la contratación pública".
UNA NORMA PARA CARA MINISTERIO
Así, el órgano fiscalizador recomendó que, "a la vista del creciente empleo de la figura del convenio de colaboración y de la insuficiencia del marco legal en el que se desenvuelve", cada departamento ministerial debería elaborar una norma reguladora propia", además de la de rango común que reclama al Ejecutivo.
Por eso, el PP ha incluido un segundo punto en su proposición no de ley, en el que insta al Ejecutivo a que, durante el primer semestre de este año, cada uno de los Ministerios apruebe su propia norma reguladora del desarrollo en la que queden plasmados los aspectos específicos o singulares en los que se enmarca su actividad.
