Hace suyo el informe que aprobó el órgano consultivo en 2006 y que prevé acabar con los senadores de designación autonómica
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Estado, el exministro José Manuel Romay Beccaría, ha defendido este miércoles en el Congreso la conveniencia de reformar la Constitución, entre otras cosas, para convertir el Senado en una Cámara "territorial representativa de la pluralidad" y ha subrayado que cualquier modificación de la Ley de Leyes y del modelo de Estado debe hacerse con respeto a los principios de "solidaridad" e "igualdad".
Así lo ha señalado Romay durante su comparecencia ante la Comisión de evaluación y modernización del Estado Autonómico del Congreso, en la que ha hecho suyo el informe con propuestas para una reforma de la Constitución que el Consejo de Estado aprobó en 2006 por encargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El también exdiputado y exministro de José María Aznar ha glosado las bondades de la Constitución de 1978, que permitió pasar de un Estado centralizado a uno profundamente descentralizado "con un grado de consenso ejemplar".
"El Estado de las autonomías ha supuesto un avance en la introducción de un sistema de libertades democráticas", ha destacado, incidiendo en que supuso también "un compromiso entre unidad y pluralidad fraguado entre todos" que "ha favorecido el autogobierno" y "ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos".
CAMBIOS, PERO NO PARA CONTENTAR A UNOS U OTROS
Aunque ha subrayado la vigencia de las propuestas que hace casi doce años puso sobre la mesa del Consejo de Estado para reformar la Constitución, Romay ha reconocido que, en lo que se refiere al modelo de Estado, ahora la situación es "peor" que en 2006 por todo lo sucedido en Cataluña en los últimos meses.
En este contexto, ha dejado claro que cualquier eventual reforma que se acometa no debe abordarse con el objetivo de "contentar a unos u otros" sino lograr un modelo territorial "más eficaz, equitativo, eficiente y transparente" que el actual.
Antes de participar en la comisión, en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado sobre si una reforma constitucional podría encajar la cuestión catalana, Romay ha respondido que "hay que intentarlo todo", pero que no le corresponde al presidente del Consejo de Estado apuntar soluciones concretas a este tema.
Eso sí, ante los diputados ha apostado por intentar convencer a los catalanes de que es mejor estar "juntos que separados" y de que "todas las separaciones son traumáticas" y ha advertido de que una "simple modificación de la Constitución por sí sola" no servirá como "fórmula mágica" para resolver conflictos como el catalán.
NO DESAFÍOS, SINO RESPETO A LA LEY
Así, ha añadido que para encontrar soluciones una eventual reforma debe ir siempre acompañada del cumplimiento de las leyes y sentencias y se dejan a un lado actuaciones "desafiantes" y "desleales" como las que ha atribuido, aunque sin nombrarlos expresamente, a los independentistas catalanes.
Asimismo, ha remarcado que la modificación de la Ley de Leyes no puede implicar una renuncia los valores de libertad, igualdad, pluralismo, Justicia y respeto a la ley y, retomando la posición de su antecesor, Francisco Rubio Llorente, ha hecho hincapié en que antes de abrir la reforma constitucional debe cerrarse un "acuerdo político" y que ésta ha de contar con al menos con el mismo "grado de consenso" que cosechó la Constitución.
También ha avisado de que los cambios que se hagan deben responder a demandas sociales y buscar resolver problemas mediante soluciones "prudentes, maduradas" y "fruto de un diálogo sostenido y sereno de las fuerzas políticas con la sociedad".
PONER FIN AL ABUSO DE TRANSFERENCIAS
Retomando el informe del Consejo de Estado de 2006, Romay ha planteado cambiar la Constitución para incluir los nombres de las comunidades autónomas por orden de antigüedad de sus estatutos, para reforzar el principio de solidaridad, mejorar el de cooperación o incluso ver si haría falta que el Estado tuviera "algunas atribuciones más" para poder velar correctamente por el cumplimiento de la igualdad, la solidaridad y la cooperación interterritorial.
En este contexto, ha indicado la conveniencia de "evitar privilegios", pero ha defendido el cupo vasco y otras "singularidades" fiscales, lingüísticas, insulares, forales o de derecho civil recogidas en la Constitución. No obstante, ha dejado claro que el Consejo no aprecia "razones jurídicas ni de fondo para ir más allá" en el reconocimiento de singularidades.
Romay ha explicado que el desarrollo competencias ha provocado algunos problemas y que hay que tomar medidas como regular la reforma de los Estatutos para evitar desigualdades, recuperar el recurso previo ante de constitucionalidad para estas normas e introducir algunas condiciones "adicionales" para "reducir el uso abusivo" que se ha hecho del artículo 150.2, que prevé las transferencias competenciales a las comunidades.
MÁS COMPETENCIAS PARA EL SENADO
Respecto a la reforma del Senado, ha reiterado que "sólo una reforma de alcance constitucional puede conformarlo como una Cámara territorial propia y "representativa de la pluralidad" y que no se limite a repetir funciones que ya hace el Congreso. Así, ha recordado que el informe del Consejo apuesta por suprimir los senadores de designación autonómica, de manera que todos sean elegidos por sufragio universal coincidiendo con las elecciones autonómicas.
En esta propuesta también se apuntaba a un incremento del número de senadores, por tribuir a la Cámara Alta nuevas funciones propias de un órgano de carácter territorial ampliando los temas sobres lo que puede legislar en primera lectura para que se haga cargo de aquellos que tienen especial relevancia autonómica y convertirse en sede permanente de la Conferencia de Presidentes.
