BRUSELAS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Parlamento Europeo, el socialista italiano David Sassoli, ha defendido que "España es un Estado de Derecho" y ha mostrado su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo emitida este lunes y que condena a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a 9 líderes independentistas catalanes por el referéndum ilegal del 1-O, incluido al exvicepresidente Oriol Junqueras.
"España es un Estado de Derecho. Ha habido una sentencia y nosotros la respetamos", ha subrayado en rueda de prensa el presidente de la institución europea, tras mantener un intercambio con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el arranque de la cumbre, al ser preguntado por su valoración de la sentencia y los altercados violentos en las calles de Barcelona.
El presidente de la Eurocámara sí ha reconocido su deseo de que se rebaje la tensión. "Deseamos que la tensión se rebaje", ha subrayado.
Sassoli también ha recordado --sin nombrarles-- los casos de Junqueras y del expresidente catalán, Carles Puigdemont, cuya entrada en la Eurocámara se ha vuelto a prohibir tras la reactivación de la euroorden por parte de la justicia española. Ambos no han podido ejercer de eurodiputados tras ser elegidos en los comicios europeos de mayo.
"No hay ley electoral europea", ha zanjado el presidente de la Eurocámara, para dejar clara la necesidad de cumplir con los procedimientos establecidos en la ley electoral española.
Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo ya concluyeron antes de las elecciones europeas de mayo que si Puigdemont era elegido tendría que volver a España para acatar primero la Constitución española antes de recibir el acta de eurodiputado, lo que podría implicar su detención antes de gozar de la inmunidad parlamentaria que asiste a los eurodiputados y que sólo se haría efectiva tras la constitución de la institución, que se produjo el 2 de julio.
En el caso de Junqueras, el Tribunal Supremo no le autorizó ir a recoger su acta de eurodiputado, mientras que el expresidente catalán no acudió al Congreso español para atacar la Constitución y recoger su acta --como exige la ley electoral española-- por miedo a ser detenido en España.
