MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un preso de la cárcel salmantina de Topas, al que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció el derecho a la doble instancia judicial, Joseph Semey, ha presentado una demanda ante la Sala Civil del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el PSOE por incumplimiento de promesa escrita, ya que cuando estaban en la oposición, en diciembre de 2003, le enviaron una carta en la que se comprometían a garantizar la revisión de las condenas cuando estuvieran en el Gobierno.
El abogado del preso, José Luis Mazón, declaró hoy a Europa Press que la Sala Civil del alto tribunal no puede inadmitir a trámite la demanda, porque plantea cuestiones jurídicas controvertidas, como la validez de la promesa de persona, no electoral, referida a la doble instancia judicial.
La demanda pide que se declare la responsabilidad civil de los demandados "por incumplimiento de obligación internacional derivada de tratado válidamente celebrado por España, y previamente asumida por escrito por los demandados", así como que se condene al ministro de Justicia y al presidente del Gobierno a indemnizar a Joseph Semey a que le indemnicen con 6.000 euros por cada mes transcurrido entre septiembre de 2005, cuando se le denegó el amparo, y el día en que sea excarcelado. Como opción subsidiaria solicita una indemnización de 60.000 euros.
El caso de Semey no es el primero de un preso español al que el Gobierno deniega el indulto, después de que la ONU reconozca su derecho a la revisión de su condena por otro tribunal, pero sí el único que dispone de una carta firmada por López Aguilar en la que se afirmaba: "Cuando estemos en el Gobierno de la Nación, legislaremos con el objetivo de garantizar la revisión de las condenas y el derecho a un recurso efectivo, adecuando así la legalidad española al derecho internacional vigente". Por ello, ha sido él quien ha interpuesto la demanda.
La demanda se dirige contra Zapatero "por infracciones a los deberes inherentes al cargo como presidente del Gobierno", ya que como secretario general del PSOE se comprometió, a través de la carta firmada por López Aguilar (entonces secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE), a ayudar a Semey y a respetar los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El preso esgrime que el indulto de la parte de la condena que le queda por cumplir era el "único remedio viable ante la falta de doble instancia del actor", reconocida el 30 de julio de 2003 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al serle denegado en septiembre de 2005, aunque no se le comunicó hasta el pasado 6 de mayo, Semey considera que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia incumplieron "el compromiso documentado" que adquirieron con la carta.
