La Audiencia de Álava alude al arraigo y la conducta de los condenados para rechazar su ingreso en prisión
VITORIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Álava ha rechazado el ingreso en prisión de los cinco principales condenados del 'caso de Miguel', que han quedado en libertad provisional en aplicación de la doctrina creada con la excarcelación de Iñaki Urdangarin tras su condena en el 'caso Noos'. El tribunal argumenta que el "arraigo" y la conducta de los acusados "minimiza" el riesgo de fuga, aunque les obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado y les prohíbe salir de España.
El tribunal del 'caso de Miguel', por el que varios exdirigentes del PNV han sido condenados por organizar una red de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión irregular de contratos públicos, ha desestimado así la petición de la Fiscalía para decretar el ingreso en prisión de los cinco principales condenados en este juicio.
La Fiscalía había pedido el encarcelamiento del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel; de los también exdirigentes del PNV Koldo Otxandiano y Aitor Tellería; del exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles; y del empresario y exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan, todos ellos condenados a penas de prisión de entre 5 y 13 años.
En todo caso, la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava no es firme, y los letrados de los principales condenados ya han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Supremo.
En su auto de este viernes, la Audiencia de Álava alude al auto dictado el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Baleares, que otorgó la libertad provisional y sin fianza de Iñaki Urdangarin, condenado por la trama corrupta del 'caso Noos'.
De esa forma, la Audiencia de Álava establece que en aplicación de dicha doctrina legal, "resulta obligado tener en cuenta" que la gravedad de los delitos y la elevada pena impuesta "no puede operar como único criterio de aplicación objetiva y puramente mecánica para valorar el peligro de fuga", tal y como mantenía la Fiscalía en su petición de ingreso en prisión.
SIN "ELUDIR A LA JUSTICIA"
Dichos factores -añade la Audiencia-- "deben ponerse en relación" con otros elementos relativos a las características personales de los condenados, entre los que cita el arraigo familiar, profesional y social, conexiones con otros países y medios económicos. Además, añade que los acusados "en ningún momento han tratado de eludir la acción de la Justicia" y que, pese a las penas solicitadas, han comparecido "a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias".
El tribunal, que precisa que la Fiscalía únicamente ha apuntado a la relevancia de las penas como "marcador de riesgo" de fuga, añade que De Miguel, Tellería, Ochandiano, Sánchez Robles, y San Juan "disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional".
El auto añade que dado el referido arraigo y la conducta de todos ellos en el proceso, "permite estimar que el incremento del riesgo de huida puede ser minimizado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los condenados al control del tribunal".
Aunque la Audiencia ha rechazado el ingreso inmediato en prisión de los cinco principales condenados en este causa -Alfredo de Miguel, condenado a 13 años y tres meses de prisión, Koldo Ochandiano (siete años y seis meses de cárcel), Xabier Sánchez Robles (siete años y un mes de cárcel), Aitor Telleria (seis años y seis meses), Iñaki San Juan (cinco años y tres meses)- y tampoco les ha impuesto fianza alguna, sí ha establecido una serie de medidas cautelares que deberán cumplir todos ellos.
De esa forma, se ha decretado la prohibición de salir de España para De Miguel, Telleria, Ochandiano, Javier Sánchez Robles y San Juan, a los que también se ha retirado el pasaporte y se ha impuesto la prohibición de tramitar uno nuevo.
Además, todos ellos deberán comparecer cada 15 días ante el juzgado, comunicar cualquier posible cambio de domicilio y comparecer ante la Justicia siempre que se les solicite.
En la vista celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Álava también se ha impuesto la obligación de comparecer cada dos semanas ante el juzgado a Josu Montés y Jon Iñaki Echaburu, otros dos de los condenados en este juicio, aunque con penas inferiores a los citados anteriormente. Ambos -además- deberán comunicar cualquier cambio de domicilio.
ADVERTENCIA
En el auto de la Audiencia se advierte de que el incumplimiento de estas medidas cautelares "podría motivar la adopción de otras medidas más gravosas para su libertad personal, incluida la medida cautelar de prisión provisional".
La vista de este viernes ha sido la primera ocasión en la que los principales condenados en esta causa de corrupción, que no asistieron a la sesión del pasado martes en la que se dio a conocer la sentencia, han comparecido ante el juzgado tras conocerse el fallo. Todos ellos han llegado momentos antes de que se iniciará la vista a las nueve y media de la mañana acompañados de sus letrados.
En declaraciones a los periodistas tras la celebración de la vista, Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel, ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. "Va de suyo", ha afirmado el letrado, que se ha mostrado esperanzado respecto a la acogida que puedan tener las alegaciones que formule ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, Carlos Chacón, el letrado de Koldo Ochandiano, ha explicado que la "clave" del rechazo a la petición de la Fiscalía para decretar el ingreso en prisión ha sido que, a diferencia de la tesis mantenida por ésta- no se ha apreciado "riesgo de fuga" en los condenados.
Chacón ha afirmado que el Ministerio Público se ha "limitado" a argumentar el supuesto riesgo de fuga en la "cuantía" de la condena, pero ha destacado que a la hora de valorar dicho riesgo, es necesario tener en cuenta "algo más" que la relevancia de las penas impuestas.
Por su parte, Jesús Villegas, abogado de Aitor Telleria, también ha confirmado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque ha recordado que el recurso no se podrá presentar hasta que la sentencia haya sido notificada personalmente a todos los procesados, un proceso que -según ha dicho- puede ser "lento".
