MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) - En su escrito, el abogado de Sánchez, Rull y Turull recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se refiere a la inmunidad parlamentaria, de forma genérica, respecto de posibles "procesos penales" que se puedan dirigir frente a los miembros de las Cámaras. La petición también se fundamenta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos de 750 a 756) que según esta parte incluye una previsión específica respecto al procedimiento a seguir contra diputados o senadores que son proclamados electos "después de haber sido procesados", como es el caso. En cuanto a la libertad, la consideran fundamental para que sus defendidos puedan ejercer sus derechos políticos, no sólo para jurar o prometer el cargo en dicha jornada, sino para ejercerlo plenamente a lo largo de la legislatura. Para poder cumplimentar dichos trámites los encausados por rebelión y malversación precisan de la tutela del tribunal que les juzga "para que sus funciones representativas puedan desarrollarse sin perturbación". El escrito de Van Den Eyden abunda en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para apuntalar sus peticiones e incide en que la propia doctrina jurisprudencial establece que, na vez que el candidato recibe el apoyo del electorado, "se convierte en representante del conjunto de la ciudadanía, y no sólo de los votantes directos, en virtud de la prohibición del mandato imperativo". También cita otro artículo de la Constitución, el 23.2, que garantiza a su juicio "que los que hayan accedido a los cargos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas", y añade que "la necesidad de suplicatorio de las Cámaras aboga a favor de dicha idea".
