PSOE acusa a PP de amparar una operación de transfuguismo en Chinchón (Madrid) para que no se hagan viviendas protegidas

Actualizado: jueves, 12 enero 2006 20:39

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Ruth Porta, acusó hoy al Partido Popular (PP) de "amparar una operación de transfuguismo" en el Ayuntamiento de Chinchón para evitar la cesión a la Administración local de 30.000 metros cuadrados de los terrenos de la antigua fábrica SOS-Cuétara y un 10 por ciento de aprovechamiento de los mismos, que se dedicarían a "la construcción de vivienda protegida, según el avance del nuevo Plan General".

Porta recordó que este convenio, esgrimido por la edil independiente Isabel Montes para justificar la moción de censura que ha presentado junto al PP contra la alcaldesa Encarnación Moya (PSOE), fue firmado el pasado 9 de noviembre entre las dos partes, aunque tanto la "tránsfuga" como los populares lo rechazaron cuando fue sometido a la consideración del Pleno del Ayuntamiento.

En relación con las manifestaciones que la edil realizó ayer a Europa Press, en las censuraba que Moya hubiera llevado a cabo estas negociaciones de forma "unilateral", la propia alcaldesa aseguró que las conversaciones se hicieron "en presencia de Montes y de su ex compañero de formación (José Antonio Álvarez), por lo que estuvo puntualmente informada del acuerdo al que se llegó entre ambas partes, al igual que el resto de los vecinos del municipio mediante una circular del Grupo Municipal Socialista".

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

Moya, que aseguró que el municipio "ha perdido una gran oportunidad" al rechazar este convenio, explicó que los terrenos de la citada fábrica "se encuentran en la zona de previsible crecimiento natural vegetativo del casco urbano de Chinchón", por lo que "si no se llegaba ahora a un convenio, en un futuro se acogerían a la cesión de sólo el 10 por ciento del terreno al Ayuntamiento, según estabelce la Ley del Suelo". "Esto supondría la cesión de sólo 5.900 metros cuadrados aproximadamente, y con el convenio se consiguió que la cesión fuese de 19.400 metros cuadrados más 825.000 euros de beneficio inmediato para el Ayuntamiento de Chinchón", argumentó.

Del mismo modo, defendió que el acuerdo con SOS-Cuétara habría permitido al Ayuntamiento "disponer de la posibilidad de firmar nuevos convenios para obtener a corto plazo necesarios equipamientos municipales en el casco histórico, además de agilizar la construcción de vivienda pública en los terrenos cedidos por la empresa".

"Con la excusa del convenio con esta empresa, el PP en realidad se opone al avance del Plan General de Urbanismo, que preveía la posibilidad de construir estas viviendas de protección", aseguró Moya, quien añadió que de este modo el Ayuntamiento se habría convertido en "una fuerte competencia para los promotores privados y para su objetivo de construir vivienda libre y más cara en Chinchón".

PARTICIPACIÓN DE LOS SÁNCHEZ LÁZARO

De igual modo, acusó al PP de querer "materializar viejos compromisos con sus amigos, ya que en septiembre de 2003, en plena crisis de la Asamblea de Madrid, se publicó en los medios de comunicación que la familia de los empresarios Sánchez Lázaro --que tenía en nomina al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, en una empresa de fotocopias-- compró más de tres millones de metros cuadrados de suelo rústico en Chinchón". "El valor de estos terrenos rústicos era de mil millones de pesetas", explicó.

La alcaldesa recordó que su antecesora, Ana María Magallares (PP) elaboró "el avance del plan urbanístico que iba a permitir la recalificación de estos terrenos con el asesoramiento del gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Areitio". "Pero el PP perdió las elecciones en mayo de ese año, lo que paralizó ese plan urbanístico que beneficiaba los intereses de los Sánchez Lázaro", dijo.

Por otra parte, Magallares "tuvo que dejar la alcaldía antes de las elecciones después de que el Tribunal Supremo la inhabilitara para ocupar un cargo público durante ocho años por un delito de prevaricación", según recordó la regidora socialista.