MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y PP rechazaron hoy en la Diputación Permanente del Congreso que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca en la Cámara Baja para explicar cómo se produjeron a finales del pasado mes de junio las detenciones de dos empresarios vascos investigados por el supuesto pago del denominado 'impuesto revolucionario' a la banda terrorista ETA.
Esta petición había sido cursada por el PNV, con el apoyo de CiU, y se mostraron partidarios de la misma los representantes de los nacionalistas catalanes, así como ERC y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Todos ellos defendieron que este asunto se trate "con transparencia" y que se tenga en cuenta la "presunción" de inocencia, así como que los empresarios extorsionados "también son víctimas".
OPERATIVO "DESMESURADO".
El portavoz del PNV en la Comisión de Interior, Emilio Olabarría, defendió la convocatoria de una reunión extraordinaria de este órgano para que Rubalcaba rinda cuentas sobre lo que, en su opinión, fueron dos detenciones "irregulares". Denunció especialmente el "desmesurado" dispositivo policial utilizado para el arresto de estas dos personas, abogó por revisar los protocolos aplicados y recordó que una de los empresarios estuvo detenido durante once horas.
En concreto, reclamó que el ministro aclare si se cumplió el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a las Fuerzas de Seguridad a informar a los detenidos de su derecho a guardar silencio y quién transformó en orden de arresto la orden de registro domiciliarios que inicialmente había cursado el juez Baltasar Garzón. También alertó de que este asunto ha producido "alarma social" en el empresariado vasco y que ha atentado contra la "honorabilidad" de los detenidos.
El secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, se opuso a la comparecencia en primer lugar porque que este asunto debe ser tratado con "discreción y prudencia", y citar al ministro implicaría abrir un debate "partidario" sobre un caso que está bajo secreto sumarial.
LOS "INSUSTITUIBLES" SON LOS QUE NO PAGAN.
Tras presumir la "buena fe" y mostrarse convencido de la "legalidad" de la operación realizada bajo órdenes de la Audiencia Nacional, destacó que si hay indicios de delito se tienen que investigar y buscar pruebas para que después los jueces determinen si hay delito y, en su caso, fijar atenuantes o eximentes. Admitió que quizá podría compartir con el PNV su opinión sobre "las formas" en las que se realizaron las detenciones, pero insistió en que la actuación policial "fue correcta".
Lo que criticó es que Olabarría sostuviese que había alarma social por los arrestos cuando, a su juicio, lo que debe producirla es que la banda reciba "dinero de empresarios para armarse y matar a los demás". "Sé que son víctimas, no les convertiré en culpables, pero alzo mi voz en defensa de quienes se niegan a dar dinero ETA. Sé que en Euskadi hay muchos empresarios buenos, entre otros éstos, pero los insustituibles son los que no pagan", enfatizó.
DEJAR TRABAJAR A LOS JUECES.
También Federico Trillo, quien actuó como portavoz del PP, se mostró "seguro" de que el Gobierno "no ha hecho más que cumplir eficazmente" la orden de la Audiencia y no está detrás de la publicidad que se ha dado a los arrestos. En este contexto, planteó que se "deje trabajar a los jueces" que investigan lo que, según su pronóstico, puede derivar en un "macroproceso" sobre la extorsión y que, en su caso, sean ellos, los que establezcan si hubo "desproporción" en la operación.
Trillo subrayó que la labor del Parlamento es "tranquilizar" a los empresarios vascos, destacó el heroísmo de los que "no se someten al chantaje" y señaló que "quienes han cedido también tendrán la compresión y el tratamiento que merezcan ante los jueces". "El Gobierno tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos y también de los empresarios, con todo el peso de la ley y dentro de la legalidad", resumió.
