Cospedal envió hace tres semanas a los partidos un documento con 50 medidas que sirvan de base para un Pacto contra la Corrupción
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP se reunirán hoy en el Congreso para estudiar medidas que se pueden poner en marcha para combatir con más eficacia la corrupción municipal, después de que el partido de Mariano Rajoy enviara en noviembre a todas las fuerzas políticas un documento con 50 propuestas para explorar un pacto conjunto por la transparencia y contra la corrupción.
Así lo confirmó ayer el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, quien señaló que hace dos semanas acordó vía telefónica con el responsable de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, celebrar una primera reunión antes de las vacaciones navideñas.
Moreno explicó que quieren trabajar en dos frentes: el primero, relativo a reformas legislativas que se pueden llevar a cabo para mejorar "la transparencia y el control"; y el segundo bloque, de carácter "político", más centrado en medidas que pueden formar parte de un pacto contra la corrupción.
Con respecto a este último, el diputado 'popular' admitió que podría ser "un gran pacto", como el relativo al transfuguismo pero "mejorado", aunque no quiso profundizar en la organización del mismo hasta delimitar y, en su caso, acordar, con los socialistas su contenido.
El coordinador de Política Autonómica del PP indicó que su formación acude a la cita de hoy con una actitud "muy positiva" y abierta a discutir las propuestas que plantee el PSOE. El pasado 21 de noviembre, cuando se presentaron en la XV Intermunicipal las propuestas del PP contra la corrupción, Mariano Rajoy dijo que no querían "imponer nada a ningún partido" sino "hablar" y que "se discutan las cosas".
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, envió el pasado 23 de noviembre una carta a las formaciones con representación parlamentaria adjuntando un documento con las 50 medidas contra la corrupción que ha elaborado su partido con el objetivo de que puedan servir de base para un posible un Pacto contra la Corrupción.
MÁS TRANSPARENCIA EN CONTRATOS URBANÍSTICOS
Entre esas medidas, el PP propone más peso técnico que político en las decisiones urbanísticas y vigilar más con quien se contrata. Por ejemplo, una de sus propuestas pasa por "evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores", algo que se ha producido en el llamado 'caso Gürtel'.
También plantea que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. Apuesta además por reducir los gastos de protocolo; limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y regular claramente la separación de lo público y lo privado.
Asimismo, el PP plantea "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En línea con esta propuesta, el PP también está trabajando en un código ético propio que aprobará en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo.
CONTRA LOS TRÁNSFUGAS
En el capítulo relativo a la gobernabilidad de las instituciones, el Partido Popular exige que se garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que "los líderes de todos los partidos asuman el compromiso" de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas, una petición que el PP ha venido haciendo desde que 12 ex ediles socialistas desbancaron a su partido del ayuntamiento de Benidorm (Alicante).
Asimismo, proponen que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos, así como evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.
Para luchar contra "los comportamientos corruptos", los 'populares' solicitan que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas; endurecer las penas por denuncias falsas; e incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por responsables públicos locales.
