MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha expresado este miércoles su preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos que representa la política migratoria de 'tolerancia cero' de la Administración estadounidense de Donald Trump, consistente en presentar cargos penales contra cualquier persona que trate de cruzar la frontera, deteniendo a las personas adultas y separándolas de sus hijos e hijas menores de edad.
"No es tolerable utilizar a los menores como un arma contra la inmigración. Contraviene los derechos humanos y también la Convención de los derechos de los niños y niñas, además de ser completamente ineficaz y dañar profundamente la imagen de los Estados Unidos como país referente de libertades y derechos civiles", ha alertado el secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, Héctor Gómez.
Esta práctica representa una forma de abuso infantil organizada desde las propias autoridades gubernamentales a la que debe ponerse fin de forma inmediata por incurrir en claras violaciones de los derechos humanos, avisa el dirigente socialista en un comunicado.
"Pese a todo, observamos con esperanza el rechazo de gran parte de la sociedad americana a esta práctica, incluso dentro del propio Partido Republicano", precisa Gómez, que aboga por desarrollar una política migratoria que ponga el énfasis en la cooperación entre países de salida y de llegada de migrantes y que sea capaz de "garantizar, al mismo tiempo, la seguridad de las fronteras respetando los derechos humanos".
Gómez ha mostrado también su inquietud con la decisión de EEUU de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "Estados Unidos siempre ha liderado la defensa multilateral de los derechos humanos, y el hecho de que haya abandonado este organismo representa un duro golpe para toda la comunidad internacional en un momento crítico", subraya.
Por último, el secretario ejecutivo socialista ha mostrado su esperanza de que Trump reconsidere su posición y vuelva al Consejo, señalando que esta evidente pérdida de liderazgo de Estados Unidos "obliga al resto de países comprometidos con los derechos humanos a redoblar nuestros esfuerzos en esta materia".
