ALMERÍA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, ha enmarcado el contenido de la declaración ante la juez Mercedes Alaya del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en su "derecho de defensa" y ha trasladado que, a su juicio, los ciudadanos "están percibiendo" las diferencias "notables" entre la actitud del Gobierno andaluz y los ejecutivos del PP ante las "irregularidades".
"Nosotros investigamos profundamente, ponemos los posibles ilícitos penales en manos de los tribunales y tratamos de recuperar hasta el último céntimo mal usado mientras que el PP no lleva esa práctica en absoluto", ha asegurado en Almería a preguntas de los periodistas Recio, quien ha aludido como ejemplo al procedimiento penal contra los exdelegados de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna por un presunto fraude en la puesta en marcha del portal de comercio electrónico RILCO.
Antes de participar en la inauguración de las X Jornadas de Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales, ha defendido el comportamiento "absolutamente honesto" de la Junta de Andalucía, que ha solicitado "que se conozca en profundidad el problema y se investigue" en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.
"El 99 de los procedimientos investigados por los funcionarios de la Junta estaba correctos, así que --ha ahondado-- los ciudadanos deben tener una bien sensación muy extraña al oír al líder del PP-A, Javier Arenas, que todo está mal y que nada ha tenido ningún sentido cuando en el caso de los ERE no hay ninguna cuenta en Suiza que yo conozca y en otros casos que afectan a su partido, sí".
Recio ha subrayado que la declaración de Guerrero, quien ha responsabilizado de las presuntas irregularidades a los altos cargos de la Administración autonómica llegando a asegurar que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", en su "estrategia de defensa" y se ha mostrando convencido de que la juez Alaya tiene "capacidad sobrada y pruebas" para determinar si, finalmente, "los hecho son como los relata o distintos".
"Los ciudadanos saben cuál es la postura de la Junta. Queremos aclarar esto con la máxima celeridad posible y cuanto antes mejor y sin otro objetivo que el que haya hecho algo mal lo pague caiga quien caiga", ha indicado al ser interpelado por el coste electoral de la citación en sede judicial de Guerrero.
Al hilo de esto, ha reiterado que, una vez asumió la Consejería de Empleo y "nada más llegar" se promovió una nueva orden de incentivos para "tratar de superar cualquier problema de estos que hubo en el pasado" y ha remarcado que "nada más lejos de la intención" del Gobierno que preside José Antonio Griñán que "mejorar el procedimiento administrativo sin abandonar el interés general".
