SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha centrado su segundo día de declaración fundamentalmente en la figura del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien, según ha dicho, fue la persona que fijó los "criterios" para conceder las ayudas sociolaborales "de forma discrecional y sin publicidad", aunque "supone" que Viera hablaría de tales "criterios" con el Gobierno andaluz, "que le daría su respaldo".
En su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), Guerrero también ha nombrado al exconsejero Antonio Fernández, quien le dio "indicaciones" para que se otorgaran tres millones en ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
Guerrero ha llegado a los juzgados poco antes de las 10,00 horas y, en esta ocasión, no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación, tras lo que ha comenzado su segunda jornada de declaración, que se ha extendido por espacio de seis horas durante las cuales ha hecho constantes referencias a Viera, actual diputado del PSOE en el Congreso, quien impuso los "criterios" para otorgar las ayudas de forma "discrecional y sin publicidad", por lo que "lo lógico es que se enteraran de las mismas personas de su entorno, de la Consejería, de la Junta o de organizaciones sindicales".
"Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos", ha dicho el imputado refiriéndose al "IFA --antiguo Instituto de Fomento de Andalucía--, Consejería, consejero y viceconsejero", añadiendo que "la idea", por tanto, de conceder las ayudas de este modo "no fue suya", sino que "fue una idea política; eran directrices del consejero y del viceconsejero", ha llegado a decir Guerrero durante su declaración ante la magistrada.
QUERÍA UN REPARTO "UNIVERSAL" DE LAS AYUDAS
El imputado ha asegurado que él quería que estas ayudas fueran repartidas de forma "universal" y que, para ello, elaboró órdenes y decretos "que llevó al Consejillo --presidido por el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías--, pero una vez allí no las vieron". Ha afirmado, en torno a este tipo de ayudas, que eran "como un producto de mercado" para organizaciones sindicales, despachos y comités de empresa, según las fuentes del caso consultadas.
Centrándose en Viera, Guerrero ha añadido que Viera realizó "indicaciones verbales" para que se ayudara al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello "a pesar de que en otros lugares también se fabricaba corcho", y que, una vez dejó de ser consejero, siguió "influyendo" para que se concedieran ayudas públicas a las empresas del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y su persona de confianza, José María Sayago.
Estas ayudas "eran excesivas", pero eran "una imposición" de Viera, el cual, "una vez dejó de ser consejero, siguió influyendo" para que se ayudara a este grupo empresarial y, para ello, no dudó en "pedirle" que ampliara la partida presupuestaria". Además, Viera "adquirió con anterioridad a 2001" un "compromiso" con la Sociedad de Desarrollo Local para ayudar económicamente a la celebración de la Feria Gastronómica de la Sierra Norte que se celebra anualmente en El Pedroso.
AYUDAS CON EL INFORME "DESFAVORABLE" DE LA JUNTA
Igualmente, el imputado ha señalado que el exconsejero de Empleo dio "órdenes" para otorgar una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de El Pedroso para un plan de prevención, todo ello "con el informe desfavorable" de la Junta.
La magistrada ha interpelado al imputado por las ayudas a la empresa Aglomerados Morell, y ha reconocido que el planteamiento fue "desvestir a un santo para vestir a otro", pues ha aseverado que se aprobó el ERE de la empresa y trasladar las instalaciones de la empresa desde Valencina de la Concepción a Villanueva del Río y Minas "con fines electorales y municipales" de cara a ayudar a la que fuera alcaldesa socialista María José Cervantes. "No le cabe duda de que tenía interés en que se contratara a gente" en vísperas de las elecciones, ha dicho Guerrero.
En este punto, Guerrero ha llegado a señalar que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "se comprometió" a otorgar subvenciones para la contratación de trabajadores en las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas. También se ha referido a la ayuda de un millón de euros aprobada a favor del establecimiento Posada del Moro, ubicado en Cazalla de la Sierra, las cuales también se dieron "por indicación" de Viera, que "se comprometió personalmente" con los socios de este hotel, donde iba a comer los fines de semana.
LOS SINDICATOS Y LAS COMISIONES DE LAS ASEGURADORAS
Respecto a las ayudas a la Cooperativa Olivarera de Guadalcanal, Guerrero ha dicho que se le otorgó un millón de euros "por indicación" de Viera, "a quien se la había pedido" el propio alcalde de esta localidad sevillana, mientras que, en relación a la sociedad Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, ha afirmado que las ayudas "se pactaron previamente entre Fernando Rodríguez Villalobos --presidente de la Diputación y Viera", aunque fuentes del caso han señalado que Guerrero ha podido incurrir una equivocación pues, en aquel momento, el presidente de la Diputación era Luis Navarrete.
De otro lado, el imputado ha dicho sospechar que parte de las comisiones que cobraban las aseguradoras --Vitalia o Uniter-- que tramitaban las pólizas de las ayudas públicas "iban a parar" a las organizaciones sindicales, señalando que, "de haberse enterado antes, hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado", y también ha negado que fuera él quien autorizase los abonos a los despachos de abogados que prestaron asesoramiento en los ERE.
De otro lado, ha negado haber inducido a su conductor oficial, Juan Francisco Trujillo, a falsificar la firma de su madre para que recibiese una ayuda de 125.028,01 euros con la que saldar las deudas adquiridas por una empresa de su hijo y se ha mostrado "muy dolido" por esta acusación, y ha puesto de manifiesto que "si llega a falsificar la firma en su presencia y en su despacho, en ese momento saldrían Juan Francisco Trujillo y la póliza por la ventana".
LA JUEZ: "¿POR QUÉ REGALÓ DINERO DEL ERARIO PÚBLICO"
La declaración se ha suspendido antes de las 19,00 horas a petición del propio imputado, quien se ha mostrado "indignado" después de que la magistrada le preguntara "por qué regaló dinero del erario público sin tener ni siquiera una solicitud", pregunta ante la que Guerrero ha dicho que "los expedientes iban completos, pero hay una clara intención de dispararme a mí" porque nunca "he sido del aparato del partido, y para salvar la honorabilidad de otros y denigrarme a mí y a mi familia".
Guerrero ha dicho que, "ahora, va a parecer que tenía una bolsa de euros al lado mía, cuando el dinero era del IFA", añadiendo que cuando ha saltado el asunto a la luz pública y se ha sabido que la Junta otorgaba ayudas de forma "discrecional", ha empezado "a echarme la culpa a mí, porque soy un blanco fácil, denigrándome a mí y a mi familia".
Antes de esto, la juez le ha preguntado también sobre "por qué las ayudas se otorgaban a ayuntamientos socialistas", ante lo que Guerrero ha asegurado que "alguien se enteraría de que podía pedirlas", y "ese alguien podía ser el consejero o el viceconsejero", que eran "los que decidían a quien se les daba las ayudas y a quien no".
Guerrero, que ha dicho estar "muy a gusto" con el interrogatorio, volverá a responder este viernes a las preguntas de la juez, que tan sólo le ha formulado unas 70 preguntas de las alrededor de 150 previstas.
