La mujer empujó contra los muebles a los menores, de 10 y 13 años
SANTANDER, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado retirar temporalmente la patria potestad a una mujer acusada de azotar con un cinturón y arrojar contra los muebles a sus dos hijastros de 10 y 13 años, y de golpear y dar azotes a su bebé, de apenas dos años de edad.
En un auto conocido hoy, el Juzgado prohíbe a la mujer acercarse a menos de 200 metros de los menores y otorga la patria potestad, también de forma temporal, a la abuela paterna.
La actuación judicial se produce después de haber recibido una comunicación del servicio de urgencias pediátricas de Valdecilla, que atendió a los dos hijastros de la mujer por múltiples erosiones, hematomas y heridas. La mujer, Ruth Esperanza R.C., que fue detenida tras conocerse lo sucedido, reconoció ante el juez los hechos, ratificados también por varios testigos.
Según se explica en el auto, los dos hijastros de la acusada, una niña de diez años y un niño de trece, sufrieron diversas lesiones como consecuencia de las agresiones que la mujer les infligió como medida de "corrección".
Las agresiones comenzaron en forma de agarrones de pelo y después les empujó contra los muebles de la vivienda y les golpeó con un cinturón de cuero, en concreto con la hebilla, que se desprendió y rompió.
Como consecuencia de ello, el niño sufrió erosiones y hematomas en el cuero cabelludo, heridas en la cara, un hematoma en el ojo, una contusión en la mano y erosiones en el cuello; mientras la niña sufrió una contusión en la cara con erosión.
De las declaraciones de los testigos también se desprende que la acusada, en un "momento de arrebato", propinó igualmente azotes y golpes a su hija, de veinte meses de edad, aunque en este caso no constan lesiones. La mujer atribuye esta agresión a la pequeña "a pérdida de los nervios".
MEDIDAS ADOPTADAS.
A la vista de su declaración y la de los testigos, el Juzgado ha decidido retirar a la mujer la patria potestad de los menores por el plazo de 30 días y otorgársela por idéntico periodo a la abuela, previa aceptación de ésta. En caso contrario, los niños quedarán a cargo de los Servicios de Protección de Menores del Gobierno de Cantabria.
Asimismo, se ha prohibido a la mujer acercarse a los menores a una distancia inferior a 200 metros, hasta que el Juzgado de Menores ratifique o modifique la medida, y tampoco podrá tener ningún contacto con los pequeños hasta que los Servicios Técnicos de Protección del Menor los evalúen y emitan los informes oportunos sobre la conveniencia o no de contacto con la acusada y sobre la existencia en su caso de patologías en los menores derivadas de los hechos.
