MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio se darán cita en el I Congreso Nacional de Investigación e Innovación sobre 'Empresas y Derechos Humanos', que tendrá lugar los próximos 21 y 22 de octubre en Murcia, y en el que se tratarán temas de actualidad como el respeto al derecho a la vivienda o al suministro de agua potable, así como el incentivo a los trabajadores a través de la implementación de estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y sus repercusiones en el rendimiento empresarial.
El Congreso, que pretende ser un instrumento de intercambio de conocimientos, innovación y un lugar de debate y sensibilización en el campo de los derechos humanos y su implementación en el sector empresarial, abordará la Responsabilidad Social y Ética en las empresas y mostrará cómo respetar los derechos humanos "debe ser una parte esencial de su responsabilidad social, no solo porque es la manera de proceder desde un punto de vista ético, sino porque proteger, respetar y remediar los derechos humanos vulnerados revierte positivamente en los negocios y en la sociedad".
Así lo han hecho saber en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez; acompañado por el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Orihuela; el director de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez; la diputada regional y presidenta de Honor de la Plataforma, Violante Tomás; el director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la UMU, Longinos Marín; y los codirectores del Congreso, que son el director de la Plataforma de Innovación Social, Víctor Meseguer, y María Dolores Birruezo.
Martínez, quien ha remarcado la vinculación de la Fundación Cajamurcia con la Cátedra de RSC de la UMU, con la Adminsitración regional, con los agentes sociales y las organizaciones que trabajan en el tercer sector, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de una actividad como esta, "con un claro componente empresarial y con una clara impronta en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa".
El congreso, organizado por la Fundación Cepaim y la PLataforma de Innovación Social de la UMU, cuenta la colaboración de la Fundación Cajamurcia y la empresa Aguas de Murcia, y con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marco del proyecto 'Programa de Gestión de la Diversidad en entornos profesionales. Asesoramientos y sensibilización a empresas y organizaciones en la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación'.
El Congreso tendrá lugar en el Aula de Cultura de Cajamurcia, en la Gran Vía de Murcia, y estará dirigido a alumnos universitarios de Trabajo Social, Economía y Empresa, Turismo, Derecho, Ciencias del Trabajo y Sociología, así como a profesionales, entidades sociales, empresas y cualquier persona interesada en la implementación y el trabajo que se lleva a cabo a través de la RSC en materia de derechos humanos.
Birruezo ha destacado que el Congreso contará con importantes ponentes y asistentes, entre los que se encuentran la doctora catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Sevilla, Carmen Márquez Carrasco; así como la miembro del Centre on Human Rights in Conflict y profesora titular en Derecho Internacional Público por la University of Greenwich del Reino Unido, Olga Martín; y el doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y miembro de Hegoa, Juan Hernández Zubizarreta.
En el ámbito del sector empresarial destacan ponentes como el responsable de RS y Acción Social en Adif, Ricardo Chacón; el responsable de Política de RS y acción social en Proexport, José Ramón Carrasco; el responsable de Hotel Entremares, Alberto Inglés; o el responsable de política de RS y acción social en Agromediterránea, Francisco Juavier Andreu.
Birruezo ha puesto de manifiesto la necesidad de respetar los derechos humanos, pero considera necesario que el Estado se implique en ello y se abran canales para "reparar todos aquellos derechos que puedan estar vulnerados". Por ejemplo, indica que una empresa puede estar desarrollando muy buenas políticas en su territorio, pero "pueden tener delegaciones en las que se pueden haber vulnerado algunos derechos".
Indica que no se trata de perseguir a nadie, sino de "concienciar", porque "estamos en una sociedad que, ante el actual panorama económico, está demandando nuevos parámetros para medir y que se promocione, se impulse, se respeten y se reparen los daños causados, y se defiendan los derechos fundamentales".
La vicerrectora de Transferencia y Emprendimiento de la UMU, Francisca Tomás, ha puesto de manifiesto la importancia de este tipo de iniciativas en estos tiempos "en los que la sostenibilidad debe aplicarse también la medio humano y social". Hasta ahora, ha lamentado que la asociación de las empresas respecto al factor humano "ha tenido connotaciones negativas, con tener una rentabilidad económica superior muy fuerte pero a costa de una disminución de los derechos humanos".
El hecho de ir cambiando la mentalidad de las empresas, haciéndoles ver que su balance económico, su rentabilidad y buen funcionamiento "no va a caer por incrementar los derechos de sus trabajadores y de aumentar su bienestar social y sus derechos humanos, sino todo lo contrario. Si el trabajador está mejor tratado, rendirá mucho más y será más competente".
Orihuela, por su parte, ha citado como ejemplo el caso del derecho a la vivienda, "que ha sido vulnerado de tal manera que se encuentra en el origen de la crisis, debido a una mala interpretación de este derecho, porque esas hipotecas basura nos sumergieron en una deuda imposible de pagar". Todo ello, a pesar de que la "academia" ya advirtió de esa problemática, ha señalado.
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Meseguer, por su parte, ha declarado que, para potenciar los derechos humanos en las empresas, hay que impulsar iniciativas como las políticas de RSC, impulsar instrumentos jurídicos no vinculantes y la judicialización de conflictos a nivel internacional, que "es cada vez más importante".
A este respecto, ha valorado que el Gobierno de España resolvió las políticas de RSC a través de la presentación del Plan Nacional de Responsabilidad Social, y ha anunciado que el Congreso podrá acoger también la presentación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado por el Gobierno central, que recoge elementos que están "cobrando especial importancia, como la reparación de daños generados hacia las víctimas".
Meseguer recuerda que esta reparación de daños se puede llevar a cabo por vía judicial o extrajudicial, pero indica que las escuelas de negocios "hablan de cómo las empresas pueden incorporar hoy día un plan de derechos humanos, y lo incorporan estableciendo vías de acceso de los usuarios a mecanismos de reparación por posibles externalidades negativas de las corporaciones".
A su juicio, este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos "tiene una vertiente de contribuir a una mayor competitividad de las empresas en un proceso de internacionalización y también contribuir a una mejora de la Marca España".
Tomás también ha resaltado la importancia de respetar, proteger y remediar los derechos humanos, según los principios fijados por la ONU, y en base a los cuales, el Gobierno de España "impulsó un importante entramado institucional que incluía un foro de trabajo sobre empresas y derechos humanos, para examinar los problema de aplicación de los principios rectores".
Como resultado de este proceso, Tomás valora que ha resultado el Plan de Empresas y Derechos Humanos del Gobierno de España, que fue presentado el pasado mes de junio, y mediante el cual, el Estado se compromete a desarrollar los compromisos contraídos por España en materia de Derechos Humanos en el seno de la ONU y la Unión Europea".
